La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este viernes 17 de octubre al Congreso de la Unión la iniciativa de leyes secundarias para combatir el delito de extorsión, como parte de su Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Esta propuesta se suma a la reforma constitucional del artículo 73, aprobada por unanimidad en el Senado en septiembre pasado, la cual otorga facultades al Congreso para legislar en esta materia. La nueva legislación propuesta busca endurecer las penas y establecer mecanismos más efectivos de prevención, investigación y sanción.

Desde Palacio Nacional, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que la iniciativa incluye la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, así como reformas al Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Uno de los puntos centrales es que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, es decir, sin que sea necesaria una denuncia formal de la víctima para iniciar una investigación. Esto busca romper el círculo de impunidad y temor que rodea a este delito.

La propuesta contempla penas de 6 a 15 años de prisión, con agravantes que podrían aumentar la sanción según las circunstancias. Por ejemplo:

1. Cobro de piso o extorsión contra comercios, hasta una tercera parte más.
2. Extorsión que busque control de precios o servicios financieros, también con aumento de pena.
3. Si se comete contra migrantes, menores, mujeres embarazadas, adultos mayores, periodistas, o con amenazas de privación de libertad, la pena podría aumentar de una tercera parte hasta la mitad.
4. Si hay uso de violencia o si se realiza desde un centro penitenciario o por un servidor público, la pena podría incrementarse hasta en dos terceras partes.

Además, se establece un marco para la coordinación entre autoridades, medidas específicas para combatir la extorsión dentro de cárceles y acciones de prevención.

La ciudadanía podrá denunciar este delito de manera anónima al 089, como parte de los mecanismos habilitados por el gobierno para incentivar la denuncia y desarticular redes de extorsión.

El Ejecutivo espera que el Congreso dé trámite a la iniciativa para su discusión y eventual aprobación, a fin de convertirla en uno de los pilares legales del combate a la inseguridad en el país.

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