La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este miércoles que enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Aguas y al artículo 4º constitucional, con el propósito de garantizar el acceso equitativo al recurso hídrico y recuperar su administración directa por parte del Estado mexicano.

La mandataria federal explicó que la reforma busca ordenar el uso del agua en el país, evitar su comercialización entre privados y asegurar el cumplimiento del derecho humano al agua, consagrado en la Constitución.

La propuesta, según explicó Sheinbaum, responde a la necesidad de frenar la práctica vigente desde 1992 —implementada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari— que permite la compraventa de títulos de concesión entre particulares, lo cual ha generado, dijo, un uso descontrolado del recurso, falta de supervisión y prácticas especulativas.

“El agua debe regresar a la nación. Cuando haya cambio de uso del suelo, como de agrícola a urbano, el título se debe devolver a la Conagua y esta deberá emitir uno nuevo, con base en un cálculo técnico de volumen”, puntualizó la presidenta.

Reforma con consenso social

La iniciativa fue construida tras la realización de 13 foros regionales y nacionales, en los que participaron sectores clave como agricultores, industriales, gobiernos estatales y municipales, así como organizaciones civiles. El objetivo fue generar una propuesta con amplio consenso y viabilidad técnica, de acuerdo con el gobierno federal.

Entre los cambios más relevantes, la reforma propone:

1. Eliminar la transmisión de concesiones de agua entre particulares.
2. Requerir que todo cambio de uso del suelo implique la devolución del título a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que podrá otorgar una nueva concesión si procede.
3. Crear un sistema más transparente y accesible para la solicitud, renovación y fiscalización de concesiones.
4. Imponer sanciones más severas a quienes cometan irregularidades en el uso del recurso.

La presidenta citó un diagnóstico de la Conagua, que revela más de 58 mil irregularidades detectadas en concesiones vigentes, entre ellas la utilización de coordenadas falsas, usos no autorizados o excedentes no reportados.

“El agua es de la nación. Puede ser concesionada, pero bajo un esquema ordenado, sustentable y equitativo que garantice el derecho de todos”, recalcó Sheinbaum.

Desafíos hídricos del país

México enfrenta crecientes desafíos en materia hídrica, especialmente en regiones del centro y norte, donde la escasez es más aguda y la sobreexplotación de acuíferos ha sido constante durante las últimas décadas.

Expertos y ambientalistas han advertido que el modelo de concesiones vigente favorece a grandes usuarios industriales y agrícolas, sin mecanismos de control eficaces. En ese contexto, la iniciativa del Ejecutivo federal apunta a revertir el enfoque mercantilista que ha predominado desde hace más de 30 años.

La reforma será presentada ante el Congreso de la Unión en los próximos días y, de ser aprobada, implicará una reconfiguración legal e institucional en la forma en que el país gestiona uno de sus recursos estratégicos más importantes.

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