El Gobierno de México anunció la consolidación de un acuerdo calificado como “histórico” para impulsar la industria siderúrgica nacional, con el respaldo de empresas y representantes del sector acero y de la construcción. La iniciativa se enmarca dentro del denominado Plan México, una estrategia orientada a fortalecer la producción interna y reducir la dependencia de importaciones.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el convenio tiene como objetivo central fortalecer la producción de acero en el país y consolidar las cadenas de suministro dentro del mercado interno. La mandataria subrayó que se trata de un acuerdo sin precedentes en el sector, al señalar que difícilmente se había concretado una alianza de este tipo entre gobierno e industria.

En sus declaraciones, Sheinbaum planteó que la estrategia responde a una política más amplia enfocada en incrementar el contenido nacional, aprovechar las compras públicas como palanca de desarrollo industrial y disminuir la dependencia del exterior. Bajo este enfoque, distintas dependencias federales tendrán un papel activo en la implementación y supervisión del acuerdo.

Entre las instancias involucradas destaca la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, quien será responsable de vigilar el cumplimiento de los compromisos y asegurar que las adquisiciones gubernamentales prioricen el acero producido en México. También participará la Secretaría de Economía, liderada por Marcelo Ebrard, junto con Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Hacienda, así como empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que incorporarán insumos nacionales en sus proyectos.

Por su parte, Buenrostro explicó que el acuerdo busca impulsar el empleo, el crecimiento económico y la industrialización, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Detalló que la estrategia se estructura en tres ejes principales: contrataciones públicas, financiamiento para infraestructura y compromisos de alto impacto en la construcción, especialmente en programas de vivienda.

En materia de compras gubernamentales, se prevé coordinar a las instituciones para garantizar el abasto, establecer acuerdos con el sector privado y promover incentivos que favorezcan la adquisición de acero nacional. Asimismo, se contempla fortalecer esquemas de asociaciones público-privadas y ampliar el acceso a financiamiento, con un rol relevante de la banca de desarrollo.

El acuerdo también incluye medidas para enfrentar prácticas desleales de comercio, fomentar proveedores nacionales y avanzar en la sustitución de importaciones. A cambio, la industria del acero se compromete a garantizar calidad, precios competitivos y suministro oportuno, mientras que el sector de la construcción incrementará el uso de insumos nacionales.

De acuerdo con las autoridades, en la firma participarán 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales, lo que refleja un esfuerzo coordinado para consolidar una política industrial donde el Estado utilice su capacidad de compra como motor para detonar la producción y fortalecer sectores estratégicos de la economía.

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