La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional para limitar las llamadas “pensiones exorbitantes” que reciben exfuncionarios de altos mandos en empresas y organismos del Estado. La propuesta, presentada junto con la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, busca modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer un tope a estas jubilaciones.

Durante la conferencia matutina, Buenrostro detalló un recuento de los montos que actualmente eroga el gobierno federal por pensiones del régimen de confianza (no sindicalizado). En el caso de Luz y Fuerza del Centro —empresa extinguida hace más de una década— informó que existen 14 mil ex trabajadores, cuyo pago anual representa 28 mil millones de pesos.

De ese universo, 9 mil 457 personas (67%) perciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, y destacó que hay un jubilado que recibe poco más de un millón de pesos al mes. Además, explicó que el gobierno federal absorbe el impuesto sobre la renta correspondiente, lo que implica 2 mil 400 millones de pesos adicionales al año.

En Petróleos Mexicanos (Pemex), la funcionaria indicó que se detectaron 144 jubilados con pensiones superiores al salario presidencial, cuyo monto promedio equivale a 39 veces el ingreso promedio nacional.

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que 2 mil 199 personas reciben jubilaciones por encima de lo que percibe la titular del Ejecutivo, lo que representa un costo adicional de 4 mil 500 millones de pesos anuales.

También se identificaron casos similares en la banca de desarrollo, como Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), donde decenas de exfuncionarios superan el ingreso presidencial.

La consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, explicó que la reforma plantea que las pensiones de altos mandos no excedan el 50% del salario presidencial, lo que equivaldría actualmente a alrededor de 70 mil pesos mensuales.

Sheinbaum puntualizó que quienes hoy perciben montos mayores no deberán devolver lo ya recibido, pero una vez aprobada la reforma, sus pagos se ajustarán al nuevo límite. Subrayó que la medida no afectará a trabajadores de base ni sindicalizados, y estimó un ahorro de 5 mil millones de pesos anuales, recursos que serían destinados a programas sociales.

La mandataria agregó que, al concluir su gestión, accederá a una pensión del ISSSTE derivada de su trayectoria académica en la UNAM y como servidora pública, la cual estimó en un máximo de 30 mil pesos mensuales, monto que consideró “digno” en comparación con los ingresos de la mayoría de la población.

La iniciativa será enviada al Senado el próximo lunes para su discusión.

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