La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este 18 de marzo la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, desde Pueblo Viejo, Veracruz, donde reafirmó el compromiso de su gobierno con la soberanía energética y advirtió que “nunca más se venderá la riqueza de México”.

Durante el acto, la mandataria evocó el legado del general Lázaro Cárdenas del Río, quien en 1938 impulsó la nacionalización del petróleo, y subrayó que Petróleos Mexicanos (Pemex) “es una empresa viva”, sostenida por el trabajo de miles de mexicanos.

Sheinbaum reconoció la labor de los trabajadores petroleros, al destacar que detrás de cada instalación energética hay mujeres y hombres que sostienen una industria estratégica para el país, muchas veces en condiciones complejas y lejos de sus familias.

En la ceremonia también estuvo presente Cuauhtémoc Cárdenas, a quien la presidenta reconoció por su trayectoria política y su papel en la lucha democrática, al tiempo que hizo referencia a los procesos electorales de 1988 y años posteriores, señalando que estos marcaron la historia política nacional.

La mandataria enfatizó que la capacidad energética de México no solo depende de sus recursos naturales, sino también del aprovechamiento de sus capacidades tecnológicas y humanas, y reiteró que el petróleo y el gas deben mantenerse como bienes estratégicos al servicio del país.

En el mismo evento, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informó sobre avances en el sector, entre ellos un incremento del 21% en la producción de fertilizantes, la reducción del 19% en la deuda de Pemex entre 2018 y 2025 y la continuidad de la estrategia para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

La funcionaria explicó que estas medidas forman parte de una política orientada a consolidar la soberanía energética y alimentaria, al tiempo que se fortalecen los complejos petroquímicos y se garantiza el acceso a la energía para la población.

La conmemoración del aniversario de la Expropiación petrolera en México se enmarca en un contexto en el que el gobierno federal busca reforzar el papel del Estado en el sector energético, manteniendo la rectoría pública sobre los recursos, aunque con participación privada bajo esquemas de cooperación.

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