La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo al reciente incremento en las tarifas de Uber, al considerar que afecta directamente a los consumidores y no está justificado por los cambios en la legislación laboral. La mandataria aseguró que la empresa no debe trasladar a los usuarios el costo de cumplir con sus obligaciones laborales.

“Uber tiene ganancias impresionantes, no tiene por qué pasarle al consumidor final”, declaró Sheinbaum. “Tienen que contribuir, porque son personas que requieren seguridad social”, añadió al referirse a los conductores y repartidores que colaboran con plataformas digitales.

El pronunciamiento se da luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calificó como “unilateral e irresponsable” el alza de hasta 7% en las tarifas de Uber, señalando que la empresa no ha presentado evidencia de que el aumento esté vinculado con la reciente reforma laboral para trabajadores de plataformas.

DiDi colabora con el registro de repartidores

En contraste, Sheinbaum informó que la plataforma DiDi ya colabora activamente en el registro de sus trabajadores para integrarlos al sistema de seguridad social. A la fecha, detalló, más de 400 mil colaboradores de plataformas digitales ya están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte del nuevo modelo laboral para este tipo de empleo.

“Hasta DiDi, que en su momento no participaba, ahora ya está colaborando. No tiene sentido que se suban las tarifas, cuando lo que se necesita es un compromiso real con los derechos laborales”, afirmó.

La presidenta recordó que México es el primer país en garantizar seguridad social a repartidores y conductores de plataformas digitales, a través de un esquema que busca reconocer su trabajo y brindarles acceso a servicios médicos, pensiones y otras prestaciones.

Diálogo permanente con empresas y trabajadores

Sheinbaum destacó que existen mesas de diálogo permanentes entre el Gobierno federal, representantes de plataformas y trabajadores, con el objetivo de seguir avanzando en la implementación del nuevo marco laboral sin afectar a los usuarios ni precarizar a los trabajadores.

Desde el Gobierno federal, tanto la Presidencia como la Secretaría del Trabajo reiteraron su postura: las empresas tecnológicas deben asumir su responsabilidad como empleadores y no trasladar costos a los consumidores, en un modelo que busca equilibrar el crecimiento de la economía digital con la protección de derechos laborales.

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