El gobierno de México rechazó la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas tras el asilo político concedido a la exprimera ministra Betssy Chávez Chino, acusada en su país de rebelión por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

Durante la conferencia presidencial, la mandataria Claudia Sheinbaum y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) defendieron la medida como una acción legítima, sustentada en principios humanitarios y en el marco del derecho internacional.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, explicó que México actuó “de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego a la ley internacional”. Detalló que se notificó oficialmente al gobierno de Perú sobre el otorgamiento del asilo y se solicitó un salvoconducto para garantizar la salida segura de Chávez.

“Esta decisión responde a una larga tradición de asilo político arraigada en nuestra historia y principios humanistas”, señaló Velasco. Recordó que el artículo 4 de la Convención de Caracas otorga al Estado asilante la facultad de determinar si se trata de un caso de persecución política, y que el artículo 11 de la Constitución mexicana reconoce el derecho de toda persona a solicitar y recibir asilo conforme a los tratados internacionales.

El funcionario insistió en que la resolución de la Asamblea General de la ONU de 1967 establece que “el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso”, por lo que consideró “injustificada” la respuesta del gobierno peruano.

Por su parte, Claudia Sheinbaum respaldó la actuación de la SRE y subrayó que el asilo otorgado a Chávez es coherente con la política exterior mexicana. “Esta decisión se tomó en apego a nuestra tradición humanista y a los tratados internacionales de los que México forma parte”, afirmó.

La presidenta explicó que tanto la Secretaría de Gobernación como la SRE evaluaron el caso y determinaron que Betssy Chávez ha sido víctima de persecución política y de violaciones a sus derechos procesales.

En la misma línea, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, destacó que el asilo “es una de las instituciones más nobles de México”, recordando que el país ha protegido a perseguidos políticos desde la Guerra Civil Española hasta las dictaduras sudamericanas del siglo XX.

“Solo el Estado asilante puede determinar si una persona es objeto de persecución política. Un gobierno que persigue a alguien por razones políticas rara vez lo reconocerá”, puntualizó Serur.

El director general para América del Sur, Pablo Monroy Conesa, recalcó que México no ha intervenido ni intervendrá en los asuntos internos del Perú y que no ha adoptado medidas recíprocas ante lo que calificó como “reacciones extremas y desproporcionadas” de Lima.

“México no ha roto relaciones consulares ni declarado persona non grata a ningún representante peruano. Mantenemos una posición de respeto, basada en el derecho y el afecto al pueblo peruano”, dijo.

El gobierno mexicano reiteró que mantendrá su compromiso con el derecho al asilo y con la defensa de las libertades políticas, pilares históricos de su diplomacia.

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