El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se da por vencido. En un giro reciente, ha impugnado la sentencia que le negó el amparo contra la orden de aprehensión que pesa en su contra. Esta orden está relacionada con el millonario desfalco en la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su administración.

La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, informó sobre la interposición de un recurso de revisión por parte de Aureoles. Este movimiento busca revertir la decisión emitida el pasado 3 de junio, en la que se le negó la protección de la justicia federal. Ahora, el caso será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal, que tendrá la última palabra sobre el futuro legal del experredista.

Los argumentos detrás de la negativa inicial

La decisión inicial de la jueza Vargas Alarcón de negar el amparo se basó en que la orden de captura, girada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, no vulnera los derechos fundamentales de Aureoles Conejo. Según la jueza, el único objetivo de esta orden es asegurar que el exmandatario se presente ante la autoridad que lo requiere para responder por las acusaciones en su contra.

Desvío de mil millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Silvano Aureoles de un presunto daño al erario estatal que asciende a mil 52 millones 222 mil 490 pesos. Esta cifra representa una tercera parte de los más de 3 mil millones de pesos de desfalco total que se señalan en el caso.

Las irregularidades, según la FGR, incluyen el pago a sobreprecio en la adquisición de los terrenos destinados a los cuarteles. Además, se denuncia que las obras fueron dejadas inconclusas y que se simularon servicios para los mismos. Estas acusaciones pintan un panorama sombrío de presunta corrupción y mal manejo de recursos públicos durante la gestión del exgobernador.