El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se presentó este miércoles a la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía previsto imputarle los delitos de peculado y asociación delictuosa por el presunto desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos durante su administración estatal.

La diligencia, programada para las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, fue presidida por la jueza de control Patricia Sánchez Nava. Solo acudieron su abogado, Ángel Echegaray, así como representantes de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Contraloría de Michoacán y la Fiscalía local.

Al ser cuestionado por la jueza sobre la ausencia de su cliente, el abogado respondió: “Desconozco el motivo por qué no se haya presentado mi representado”.

El exmandatario michoacano, prófugo de la justicia y buscado en más de 190 países mediante ficha roja de Interpol, enfrenta una serie de acusaciones que incluyen peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. En total, se le atribuye un presunto daño al erario de más de mil 52 millones de pesos, tan solo por irregularidades en la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal en diversos municipios de Michoacán.

De acuerdo con las investigaciones, Aureoles Conejo habría mantenido una red de protección para sus propiedades mediante personal armado, además de ocultar información y eludir acciones judiciales. La Fiscalía considera que su posición le permite influir o intimidar a testigos y obstaculizar el proceso penal.

A pesar de múltiples órdenes de aprehensión, Aureoles ha promovido al menos tres amparos para frenar su detención. Uno de ellos, concedido recientemente, suspendió de forma provisional una orden distinta a la relacionada con el caso de los cuarteles.

Por esta misma causa, desde febrero de este año permanecen en prisión preventiva cuatro excolaboradores del exgobernador: Carlos Maldonado Mendoza (exsecretario de Finanzas), Antonio Bernal Bustamante (exsecretario de Seguridad Pública), Mario Delgado Murillo (exdelegado administrativo de Finanzas) y Elizabeth Villegas Pineda (exdelegada administrativa de Seguridad Pública). Todos ellos enfrentan cargos similares.

Hasta ahora, la audiencia inicial fue diferida y la Fiscalía insistirá en imputar los delitos en cuanto el exfuncionario sea localizado o se presente voluntariamente ante la autoridad judicial.

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