El Gobierno de México anunció que solicitará el inicio de procesos penales en Estados Unidos por las 17 muertes de ciudadanos mexicanos registradas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante operativos migratorios, en un cambio de estrategia que busca llevar estos casos del ámbito diplomático al judicial.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la dependencia solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales estadounidenses y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el objetivo de que se investigue y, en su caso, se finquen responsabilidades penales.

Además, explicó que el Gobierno mexicano impulsará demandas civiles contra las empresas privadas encargadas de operar los centros de detención donde ocurrieron algunos de los fallecimientos.

Velasco señaló que esta decisión responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió que la protección de los mexicanos en territorio estadounidense se convierta en una prioridad de la política exterior.

Como parte de esta estrategia, la Cancillería también promoverá solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener medidas cautelares en favor de personas mexicanas detenidas en centros migratorios, además de solicitar la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El canciller precisó que México mantendrá el diálogo con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y otras autoridades estadounidenses para dar seguimiento a estos casos, sin abandonar la vía diplomática.

La decisión ocurre después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston, quien falleció tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo. De acuerdo con la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el hombre habría intentado embestir con su vehículo a un agente, por lo que el uso de la fuerza fue considerado una acción de defensa propia.

Según cifras del Gobierno de México, 14 de los 17 connacionales fallecieron mientras permanecían bajo custodia del ICE, mientras que tres murieron durante operativos migratorios.

Con estas acciones, la administración de Sheinbaum busca ampliar los mecanismos de protección consular y avanzar hacia la exigencia de responsabilidades legales, más allá de las notas diplomáticas y los recursos ante organismos internacionales que se habían utilizado en casos anteriores.

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