La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

La dependencia explicó que la información difundida puede hacerse pública, mientras que las notas diplomáticas continúan reservadas por su carácter confidencial.

Entre los documentos destaca un oficio enviado a la embajada estadounidense, en el que la Cancillería expresó su preocupación por la difusión pública de los cargos y nombres de los señalados antes de que se desarrollen los procedimientos de extradición. La SRE advirtió que esa acción podría vulnerar el derecho al debido proceso de las personas involucradas.

SRE cuestiona difusión de información por parte de EU

El oficio, fechado el 30 de abril, recuerda que previamente Estados Unidos solicitó mantener la confidencialidad de las solicitudes de extradición. Sin embargo, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York difundió públicamente las acusaciones, lo que, según la Cancillería, dificultó que México cumpliera con el compromiso de resguardar esa información.

Además, la ficha publicada por la SRE detalla que los diez señalados enfrentan acusaciones por presunta conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como por posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. En el caso de Juan Valenzuela Millán, también se le imputa secuestro con resultado de muerte. La dependencia aclaró que se trata de acusaciones y no de sentencias condenatorias.

México reitera cooperación, pero sin aceptar injerencias

En otro de los documentos difundidos, la SRE informó que las solicitudes estadounidenses fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme al sistema penal mexicano.

La dependencia subrayó que ninguna acción judicial procederá sin pruebas suficientes y reiteró que México continuará colaborando con Estados Unidos en materia de justicia, pero sin permitir interferencias en decisiones que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.

Como parte de la postura oficial, la Cancillería retomó una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó: «No vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito», al tiempo que insistió en que todas las investigaciones deberán desarrollarse con apego a la Constitución y al debido proceso.

También te puede interesar:

1. FGR investiga captura de “El Mayo”: Señala violaciones al derecho y mentiras de Ken Salazar