En una sesión que duró más de tres horas, la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León (IMA) aprobó un nuevo “tarifazo” de $17 pesos para la mayoría de las rutas de transporte público de la entidad. La medida fue planteada por Abraham Vargas, encargado de despacho del instituto y titular de Metrorrey, y el secretario de Movilidad estatal, Hernán Villarreal.

Tanto Villarreal como Vargas justificaron la necesidad del cambio en los precios, ya que, según ellos, será un “deslizamiento” gradual de 10 centavos en un periodo de 20 meses; es decir, pasar de los 15 pesos actuales a el tope aprobado hasta agosto de 2026. Lo anterior para “evitar confusiones” entre concesionarios y los choferes de las unidades.

“Si aprobamos la tarifa de 17 pesos, puede haber confusión con los choferes. Hay que manejarlo en esos términos para que no haya confusión con los usuarios ni con los choferes”, expresó el secretario frente a los representantes de la Junta de Gobierno del IMA.

Otro de los puntos aprobados que causó polémica fue la eliminación de la llamada “tarifa de castigo”. Al respecto, Hernán Villarreal hizo ver que este ajuste va por “mejorar la prestación del servicio y reducir tiempos de espera”.

“Estaríamos logrando una eficiencia en la prestación del servicio y un soporte del estado en el tope de 17 pesos. No hay tarifa de castigo”, expresó el funcionario estatal.

Ambas iniciativas aceptadas tras emitir 16 votos a favor y cinco en contra. Sin embargo, representantes de transportistas, mandatarios y diputados locales han criticado la medida; entre ellos, Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, quien ve este incremento económico como una carga para las familias y los usuarios.

“Finalmente le vas a estar dando un golpe cada mes. El transporte no es un lujo, es una necesidad”, enfatizó Nava.

El recién aumento a la tarifa también ha llevado a debatir sobre la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos destinados a la movilidad en todo el estado. Usuarios de diversas rutas señalan la importancia de establecer mecanismos de supervisión que garanticen que los ingresos adicionales se utilicen efectivamente en mejoras del servicio y no en beneficio de intereses particulares.

Se espera que en los próximos meses se realicen mesas de diálogo entre las autoridades, los concesionarios y representantes de los usuarios para evaluar el avance de las mejoras prometidas y el impacto del incremento tarifario.

Así mismo, se ha propuesto la creación de un observatorio ciudadano que supervise la implementación de las medidas acordadas y promueva la participación de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con el transporte público de Nuevo León.