La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ha dado entrada a la controversia constitucional presentada por el Congreso de Morelos en contra de la detención del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, realizada el pasado 4 de agosto por la fiscalía de la Ciudad de México en territorio morelense.

Los argumentos esgrimidos por el Congreso local destacan dos puntos clave: por un lado, se señala que el fiscal de Morelos goza de fuero constitucional; por otro lado, se sostiene que la intervención de elementos de la fiscalía de la capital del país, dirigida en ese momento por Ernestina Godoy, constituyó un quebrantamiento de la soberanía de Morelos.

Tras ocho meses de intensos debates y análisis, la Primera Sala de la SCJN ha admitido la controversia constitucional, abriendo así la puerta para examinar a fondo la posible violación de la soberanía de Morelos en este caso. En juego están los procesos penales a los que el fiscal Carmona está vinculado, en particular los relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre de 2022.

El documento de la controversia demanda la invalidez de la orden de aprehensión emitida el 3 de agosto de 2023, así como del acto de vinculación a proceso del 6 de agosto y la orden de cateo ejecutada el 4 de agosto para la detención de Uriel Carmona. Si la SCJN resuelve a favor de Morelos, todos los procesos en los que ha estado involucrado el fiscal desde agosto pasado podrían quedar anulados.

Es importante recordar que la detención de Uriel Carmona se llevó a cabo en su domicilio en Cuernavaca el 4 de agosto del año pasado, con la participación de elementos de la fiscalía de la Ciudad de México, la Policía Morelos y la Marina de México. Tras ser trasladado a la capital, se le imputaron tres procesos penales relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda, donde se le acusó de complicidad o encubrimiento.

Luego de obtener un amparo, el fiscal Uriel Carmona recuperó su libertad el 22 de septiembre y continuó enfrentando los procesos en su contra, incluyendo uno por tortura que ahora lleva la Fiscalía General de la República. Los otros cargos que enfrenta incluyen retraso de la justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en calidad de auxiliador.

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