La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fallo a favor del gobernador Samuel García respecto al recurso presentado en contra del nombramiento de Pedro Arce Jardón como fiscal estatal en Nuevo León.
En una sesión desarrollada por los ministros de la Segunda Sala de la SCJN, se determinó por unanimidad que la queja presentada por el mandatario era procedente y sustancialmente fundamentada.
El recurso de queja 4/2024-CA emitido por Samuel García exponía que el Congreso Local no acató una sentencia previa dictada por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, se informó que no se tomarán consecuencias en contra del Poder Legislativo del Estado por las formas en las que se realizó el proceso de selección y nombramiento del funcionario.
Controversia por el nombramiento
El nombramiento de Pedro Arce Jardón como fiscal general de Nuevo León ha generado controversia, ya que previo a su designación se desempeñaba como encargado del despacho de la fiscalía general de justicia del Estado.
El secretario de gobernación, Javier Navarro Velasco, impugnó el nombramiento argumentando que se estaba violentando la resolución dictada por la Suprema Corte desde febrero de este año.
Uno de los motivos para invalidar el nombramiento es el incumplimiento en el mínimo de votos requeridos durante la sesión en el Congreso Local. Según Navarro Velasco, se necesitan 28 votos para este tipo de designaciones, sin embargo, durante la sesión solo estaban presentes 27 diputados.
«Para un nombramiento de un fiscal general o de ciertas designaciones se requieren veintiocho votos, que es la mayoría absoluta del Congreso de los cuarenta y dos diputados que lo componen, actualmente están votando veintisiete, lo cual está violando también la ley y la Constitución de nuestro Estado”, se menciona en el documento.
Con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se espera que se revisen los procedimientos llevados a cabo en la designación de Pedro Arce Jardón como fiscal general de Nuevo León. La aceptación de la queja de Samuel García representa un paso clave en la lucha por garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en el Estado.
