La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avanzó el proceso del juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y notificó formalmente al Congreso local sobre el caso. Esta acción se deriva de la omisión del mandatario estatal de presentar los presupuestos correspondientes a los años 2023 y 2024, lo cual desencadenó el inicio del procedimiento de juicio político.

Documentos clave en manos del Congreso de Nuevo León

Según fuentes legislativas, los documentos relacionados con el juicio político se entregaron al Congreso de Nuevo León. Se espera que en las próximas sesiones del Pleno, posiblemente el miércoles, la Diputación Permanente turne el caso a las comisiones jurisdiccionales correspondientes para su estudio y análisis detallado.

En el documento remitido por la SCJN, se especifica que la declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación al Congreso del Estado de Nuevo León. Además, se solicita que se notifique al titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa sobre esta resolución.

Samuel García no puede ser destituido durante el proceso legal

Un aspecto clave destacado por la Suprema Corte es que Samuel García no puede ser destituido de su cargo como gobernador durante el procedimiento legal en curso. Esto invalida el Artículo 203 de la Constitución local, que establece la separación inmediata del funcionario una vez iniciado el juicio político en su contra.

La SCJN puntualizó que el Congreso local no tiene la facultad para determinar la separación del gobernador. Esta decisión recae en el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, el cual deberá configurar un jurado que determinará la sanción correspondiente contra García Sepúlveda al final del proceso.

Cabe recordar que en enero de este año, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León inició el procedimiento de juicio político contra Samuel García por la probable responsabilidad de omisión al no presentar en tiempo y forma la ley de egresos del año pasado.

Ahora, con la notificación de la SCJN, se espera que el caso avance en las instancias correspondientes del Congreso local y del Tribunal Superior de Justicia.

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