Catorce agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) fueron suspendidos de manera preventiva en Baja California, tras ser señalados por su presunta participación en el robo de aproximadamente 180 kilogramos de cocaína. El hecho habría ocurrido a inicios de octubre en la zona conocida como Ojo de Agua, en Tijuana, de acuerdo con información publicada por el Semanario Zeta.

El secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó que los agentes están bajo investigación y que la suspensión busca evitar que se entorpezca el proceso. “Lo que se está investigando es el empleo inadecuado de material, armamento y vehículos oficiales en actividades no reportadas”, explicó el funcionario a medios locales.

Carrillo Rodríguez señaló que las pruebas recabadas apuntan a que los elementos habrían participado en la sustracción de la droga, presuntamente perteneciente a un grupo de traficantes independientes que intentaban trasladar el cargamento sin pagar cuotas a los cárteles que operan en la región. “Estamos hablando de delincuencia organizada; cuando esto sucede, se debe proceder con la suspensión preventiva”, afirmó el titular de Seguridad.

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal es la instancia encargada de llevar a cabo la investigación administrativa. En tanto, la dependencia mantiene comunicación con autoridades federales para determinar si existen vínculos con estructuras del crimen organizado.

Sin embargo, un grupo de agentes identificados como “elementos afectados de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana” emitió un comunicado el pasado 17 de octubre en el que denuncian presuntas irregularidades en el proceso. En el documento, difundido a medios locales, los oficiales aseguran que la suspensión e investigación “se sustentan exclusivamente en la nota publicada por el Semanario Zeta”, y cuestionan que una institución encargada de aplicar la ley actúe “sin los mínimos estándares de objetividad y respeto al debido proceso”.

Carrillo Rodríguez reiteró que la dependencia actuará con apego a la legalidad y que se notificará a los implicados conforme lo establezcan los procedimientos internos. “Lo único que se ha hecho es aplicar la ley; no vamos a dar ni un paso atrás”, subrayó.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones civiles de Baja California, que han pedido que la investigación avance con transparencia y bajo supervisión de autoridades independientes, para evitar impunidad o represalias dentro del cuerpo policial.

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