La Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Santa María la Ribera de Ciudad de México, fue suspendida de manera oficial por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) tras detectarse que operaba sin un programa interno de protección civil. La clausura del plantel ocurre tras la muerte de un alumno durante un campamento escolar y diversas denuncias por presunto maltrato infantil.

Según información proporcionada por la alcaldía Cuauhtémoc, se brindará acompañamiento legal a las familias que han presentado quejas. Hasta ahora, aproximadamente 30 padres de familia han manifestado su intención de proceder legalmente, y al menos ocho denuncias han sido formalmente interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El caso cobró notoriedad luego del fallecimiento de Erick “N”, un niño de 13 años, quien participaba en una excursión organizada por la academia en el estado de Morelos. La madre del menor, Érika Torbellín, señaló públicamente que su hijo habría sido víctima de agresiones físicas por parte del personal docente, lo que presuntamente derivó en su muerte. De acuerdo con su testimonio, la necropsia reveló que el menor falleció a causa de un “estallamiento de vísceras”, lo que contradeciría la versión institucional inicial de un golpe de calor.

“Mi hijo agonizó durante un día entero y no lo llevaron al hospital. Exijo justicia”, declaró la madre durante un encuentro con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien ha dado seguimiento al caso y exigido a las autoridades educativas y judiciales esclarecer los hechos.

Pese a la gravedad de las acusaciones, algunos padres de familia expresaron su inconformidad con el cierre del plantel. En una protesta frente a las instalaciones, defendieron al personal docente y aseguraron que, en su experiencia, no habían presenciado abusos. La división de opiniones generó momentos de tensión entre los manifestantes, especialmente entre quienes respaldan a la madre del menor fallecido y quienes le atribuyen cierta responsabilidad por no haber informado sobre presuntas condiciones médicas del niño.

Desde la mañana del lunes, se ha reportado la presencia de grupos de padres bloqueando el acceso al colegio, mientras otros acudieron a la alcaldía en busca de orientación legal. La alcaldesa anunció que se espera que la Fiscalía General coloque sellos de resguardo en el inmueble mientras se desarrollan las investigaciones.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales y ha reabierto la discusión sobre la regulación y supervisión de escuelas con enfoque militarizado en el país. Mientras tanto, continúan las diligencias por parte de las autoridades locales y federales para esclarecer la muerte del menor y determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.

Estamos contigo, Érika. No te vamos a soltar. Seguiremos a tu lado hasta que se haga justicia por Erik. Llegaremos hasta las últimas consecuencias.
Esto no va a quedar impune.#JusticiaParaErik pic.twitter.com/zcN5K2YVks

— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) April 29, 2025

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