Tener adeudos con tarjetas departamentales como Elektra, Coppel, Liverpool, Walmart o Banco Azteca, así como con bancos como BBVA, HSBC o Banamex, no puede derivar en cárcel en México, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución y la interpretación de la Profeco.

Las autoridades explican que este tipo de obligaciones son de carácter civil, no penal, por lo que una persona no puede ser privada de su libertad únicamente por no pagar una deuda.

1. Deudas civiles: No hay cárcel por impago

El marco legal establece que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”, lo que aplica a tarjetas departamentales, créditos personales, compras a meses sin intereses y financiamientos similares.

Esto significa que, aunque exista incumplimiento de pago, la ley no permite la detención del deudor. Sin embargo, sí puede haber consecuencias financieras como intereses, cargos moratorios y procesos de cobranza.

2. Cuándo sí puede haber consecuencias penales

El único escenario en el que una deuda puede derivar en cárcel es cuando existe fraude o delito patrimonial comprobado, como lo establece el artículo 386 del Código Penal Federal.

Ejemplos incluyen dar información falsa para obtener un crédito, usar documentos fraudulentos o emitir pagos sin fondos. En estos casos, el proceso ya no es civil, sino penal, y puede implicar sanciones más graves tras un juicio.

3. Cobranza, embargo y derechos del deudor

Las tiendas o despachos de cobranza no pueden embargar ni entrar a un domicilio sin orden judicial. El proceso legal inicia únicamente con una demanda, revisión de un juez y, en caso de sentencia, una posible orden de embargo.

Además, solo pueden embargarse bienes a nombre del deudor, nunca de familiares ni objetos indispensables como ropa, cama o herramientas de trabajo. Si no hay pago, la deuda puede afectar el Buró de Crédito después de tres meses de atraso, dificultando futuros préstamos.

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