El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha generado controversia al negar la implementación de medidas afirmativas a favor de la población LGBTTTIQNB+ durante los procesos de selección de personas juzgadoras.

En una sesión nocturna el pasado 22 de noviembre, una mayoría de 4 votos decidió que no existe un mandato constitucional o normativo que obligue a las autoridades a establecer estas medidas afirmativas.

Esta decisión ha generado un intenso debate, ya que contradice jurisprudencias previas, como la jurisprudencia 1/2024 de la misma Sala Superior, que reconocía la obligación de garantizar la igualdad de derechos político-electorales para estos grupos a través de acciones afirmativas.

La Magistrada Janine M. Otálora Malassis votó en contra de la mayoría, argumentando que esta decisión es una interpretación restrictiva que va en contra del principio de igualdad y no discriminación establecido en el marco constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Organizaciones como México Igualitario, Derribando Barreras A.C., Tejemos Justicia y Justicia Afirmativa han expresado su rechazo a esta decisión, señalando que se trata de un retroceso que ignora la jurisprudencia electoral y prioriza intereses políticos sobre la garantía de derechos fundamentales.

En un comunicado, estas organizaciones lamentaron profundamente la decisión del TEPJF, afirmando que se está dando la espalda a la población LGBTTTIQNB+ y a la visión garantista de los derechos humanos.

«Lamentamos profundamente este retroceso. Con esta decisión, se da la espalda a la población LGBTTTIQNB+ y a la visión garantista de los derechos humanos».

La jurisprudencia 1/2024 del TEPJF había establecido la necesidad de implementar medidas afirmativas para revertir desigualdades históricas y garantizar el ejercicio pleno de derechos político-electorales para las personas LGBTTTIQNB+.

Esta postura se apoya en diversos artículos de la Constitución Mexicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Interamericana contra la Discriminación e Intolerancia.

Ante este panorama, las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado al TEPJF para que reconsideren su decisión y prioricen el respeto a los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad.

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