Un proyecto de sentencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha causado revuelo al proponer que se dé luz verde al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Senado de la República para retomar la elección judicial del 2025.
El documento del magistrado, que responde a recursos presentados por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y por Rita Bell López Vences, consejera del INE, ha generado gran expectativa. Ambos solicitaron que se emita un pronunciamiento para garantizar el cumplimiento de las funciones del Senado y que se asegure la continuidad del proceso electoral extraordinario del INE.
En la sentencia propuesta, se argumenta que no es constitucionalmente viable suspender los procedimientos para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, se ordena a las autoridades competentes, incluyendo al Senado y al INE, que continúen con las etapas de dicho proceso electoral.
El planteamiento será discutido y votado por el pleno de la Sala Superior en los próximos días, lo que marca un hito en el proceso electoral del sistema judicial mexicano.
Tanto el Senado como el INE acudieron al TEPJF debido a las suspensiones provisionales otorgadas por diversos juzgados de distrito, que afectaban las actividades de implementación del proceso electoral de jueces, magistrados y ministros. Los promoventes del recurso señalaron que dichos jueces carecían de competencia para intervenir en dichos actos, invadiendo las atribuciones del TEPJF.
El magistrado Fuentes resalta en su proyecto de resolución que en materia electoral es fundamental proteger el derecho de elegir a las autoridades de forma democrática, y que las autoridades competentes tienen la responsabilidad de llevar a cabo la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, ninguna autoridad debe intervenir para suspender o limitar las etapas de este proceso electoral.
Esta propuesta, de ser aprobada por el pleno de la Sala Superior, sentaría un precedente importante en el ámbito electoral y judicial de México, garantizando la continuidad y transparencia en el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación.
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