La Cámara de Diputados aprobó una reforma para garantizar el acceso obligatorio a la seguridad social de trabajadores del campo, en un intento por reducir los altos niveles de informalidad laboral en el sector agrícola.

La iniciativa establece que las empresas deberán registrar a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objetivo de asegurar atención médica, prestaciones y protección ante riesgos como enfermedad, accidentes o vejez. Legisladores indicaron que la medida busca corregir una situación estructural de desprotección en el campo mexicano.

De acuerdo con cifras presentadas durante la discusión, 87.2% de los 5.3 millones de trabajadores agrícolas se encuentran en la informalidad. Esto implica que solo alrededor de 763 mil personas están afiliadas al IMSS, mientras que la mayoría carece de acceso a servicios de salud y seguridad social.

Los impulsores de la reforma señalaron que el objetivo central es mejorar las condiciones de vida de una población que, en muchos casos, enfrenta pobreza y marginación. En este contexto, la medida forma parte de un esfuerzo más amplio por formalizar el empleo rural.

Como antecedente, a mediados de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa al Congreso orientada a fortalecer los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores del campo, lo que dio pie al avance legislativo actual.

Entre los cambios relevantes, la reforma faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir certificados laborales en la agroexportación, los cuales acreditarán el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social por parte de las empresas del sector.

Asimismo, se incorpora el concepto de trazabilidad laboral, que permitirá identificar no solo el origen de los productos agrícolas, sino también quién los produjo, en qué condiciones y bajo qué estándares laborales. Según el documento aprobado, contar con mecanismos de verificación podría convertirse en una ventaja competitiva en mercados internacionales exigentes.

La reforma también plantea establecer un marco que vincule el comercio agroalimentario con criterios de producción responsable, incluyendo estándares verificables que apunten a evitar prácticas como la deforestación. Con ello, se busca articular políticas comerciales, laborales y ambientales a lo largo de la cadena productiva.

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