Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en conjunto con más de 30 organizaciones civiles, han dado un paso importante en la controversia sobre la reforma judicial en México. La iniciativa que han lanzado busca llevar este tema a una consulta popular, con el objetivo de que la ciudadanía tenga la última palabra sobre la designación de jueces y magistrados.

La propuesta plantea dos opciones claras: designar a los impartidores de justicia mediante votación popular directa o a través del sistema de carrera judicial, que evalúa méritos, conocimientos y trayectoria.

Con la pregunta central de ¿Está usted de acuerdo en que la designación de las y los juzgadores sea por votación popular directa e insaculación (tómbola) o mediante la designación por carrera judicial, considerando los conocimientos, méritos y trayectoria?, los impulsores de esta iniciativa buscan abrir un espacio para que la ciudadanía exprese su opinión de manera directa.

Esta propuesta cuenta con el respaldo de organizaciones como Contrapeso Ciudadano, cuya fundadora, Marisol Rivas Contreras, ha destacado que el objetivo es reunir dos millones de firmas, equivalentes al 2 por ciento de la lista nominal de electores, para presentar la propuesta ante el Congreso de la Unión.

Con la instalación de módulos móviles en diferentes puntos estratégicos de las ciudades y la solicitud al INE para el uso de la aplicación Apoyo Ciudadano-INE, se espera alcanzar esta meta de firmas de manera eficiente y transparente.

Consulta popular en México

La consulta popular es un instrumento de participación ciudadana consagrado en la Constitución mexicana, que permite a los ciudadanos influir directamente en decisiones de trascendencia nacional. Este mecanismo otorga la posibilidad de votar sobre temas relevantes, con resultados que pueden ser vinculantes si cumplen ciertos requisitos legales, asegurando así que la voz del pueblo incida en las acciones de los órganos representativos del Estado.

Según la Constitución de México, las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso de la Unión, a solicitud del Presidente de la República, al menos el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los ciudadanos, siempre que la solicitud esté respaldada por, al menos, el 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Una vez presentada la solicitud, esta debe ser aprobada por la mayoría de ambas Cámaras del Congreso. Para que el resultado de la consulta popular sea vinculante, es necesario que participe al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Si se cumple este umbral, los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como las autoridades competentes, estarán obligados a acatar el resultado de la consulta popular.

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