Tribunal Colegiado ordenó al Congreso de Jalisco despenalizar el aborto
25/04/2024 - Hace 1 semana en MéxicoTribunal Colegiado ordenó al Congreso de Jalisco despenalizar el aborto
El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Tercer Circuito ha tomado una decisión histórica al declarar inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta la interrupción legal del embarazo en el Código Penal de Jalisco. Los magistrados, por unanimidad, determinaron que el Congreso de Jalisco deberá derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido.
En caso de llevar a cabo esta acción, Jalisco se convertirá en el decimotercer estado en despenalizar el aborto en todo el país. La importancia de esta decisión radica en la protección de los derechos de autonomía individual, reproductiva y la vida libre de estereotipos de género. Los miembros del Tribunal han destacado la necesidad de aplicar la laicidad, la igualdad y la no discriminación por parte del Estado para garantizar estos derechos fundamentales.
Esta determinación se basa en las sentencias previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021 para Coahuila y en 2023 para Aguascalientes y el Código Penal Federal. Estas resoluciones sientan un precedente importante en la lucha por la despenalización del aborto en México.
El proceso que llevó este tema al Tribunal Colegiado fue impulsado por una estrategia jurídica nacional promovida por organizaciones como GIRE, el Centro de Acompañamiento, Desarrollo e Investigación Feminista A.C., el Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales A.C., Omeyoca, Psicoterapia, Sexología y Desarrollo, S.C., el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. y el Colectivo Latinoamericano Emma Goldman A.C.
En un comunicado emitido por estas organizaciones se resalta que esta medida contra el Código Penal de Jalisco sigue los criterios establecidos por la Corte en los casos de Coahuila y Aguascalientes, en los que se determinó la inconstitucionalidad de la penalización absoluta del aborto. Además, se hace referencia al caso del Código Penal Federal, en el que se ordenó al Congreso de la Unión derogar el delito de aborto.
Por último, estas organizaciones han hecho un llamado a los Tribunales Colegiados de las entidades que aún no han despenalizado el aborto para que den entrada a los amparos presentados y apliquen medidas en total respeto a los Derechos Humanos. Han recordado que estas medidas cuentan con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es necesario que los Congresos locales cumplan con lo establecido en la Constitución.
En 2022, junto a organizaciones y colectivas locales, desde GIRE impulsamos una estrategia jurídica nacional para que las mujeres, hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar dejen de ser criminalizadas por aborto. La despenalización en #Jalisco es el resultado. pic.twitter.com/hla0wPR8Pp
— GIRE (@GIRE_mx) April 25, 2024
Suprema Corte declaró inconstitucional el delito de aborto en todo el país
El pasado mes de septiembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal. Esta decisión, tomada por la Corte, ha sido aplaudida por defensores de los derechos reproductivos como un gran avance en la lucha por la autonomía y dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Según el comunicado emitido por la Suprema Corte, la penalización del aborto violaba los derechos humanos de las mujeres al imponerles restricciones sobre su propia salud y cuerpo. Esta resolución no solo impacta a nivel federal, sino que también sienta un precedente para los estados que aún mantienen la penalización del aborto en sus códigos penales locales.
En este sentido, se ha aclarado que ninguna autoridad tiene la facultad de sancionar a quienes decidan interrumpir un embarazo, o a quien lo realice en alguna institución de salud. Aquellas personas que se encuentren en entidades donde la penalización del aborto aún esté vigente pueden recurrir a un amparo para proteger su derecho a decidir sobre su propia vida reproductiva, mientras los Congresos locales ajustan sus leyes a las determinaciones de la Suprema Corte.
