El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán determinó, por mayoría, que no es competente para conocer la queja presentada por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, en contra del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, a quien acusa de presuntos actos de violencia política en razón de género.

La decisión fue tomada en sesión pública del 16 de abril, a partir del proyecto presentado por la magistrada Yurisha Andrade Morales, quien argumentó que el caso no encuadra en la materia político-electoral. Su razonamiento se centró en que Quiroz, al ser una presidenta municipal sustituta, no habría llegado al cargo mediante el voto directo en las urnas.

Bajo esa interpretación, la ponencia sostuvo que no sería posible acreditar una afectación a derechos político-electorales, ya que —según expuso— estos aplican principalmente a cargos de elección popular. La propuesta fue respaldada por los magistrados Eric López Villaseñor y Adrián Hernández Pinedo.

No obstante, la resolución no fue unánime. La magistrada presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe se pronunció en contra, al considerar que la funcionaria municipal, pese a no haber sido electa directamente, ejerce plenamente las funciones del cargo público y por tanto debe tener acceso a la protección de sus derechos político-electorales.

En el mismo sentido, la magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos también votó en contra, al señalar que el ejercicio del cargo de presidenta municipal implica responsabilidades públicas que justifican la intervención del tribunal para garantizar mecanismos de defensa.

La denuncia de Quiroz se origina en diversas expresiones realizadas por Fernández Noroña en sus transmisiones en redes sociales, donde la ha calificado como “fascista”, según lo expuesto en el expediente. La alcaldesa sostiene que dichos señalamientos constituyen ataques que buscan cuestionar su legitimidad y están vinculados a su condición de género.

Además, la edil denunció un episodio ocurrido durante una visita al Senado de la República, donde afirmó haber sido víctima de un acto de intimidación y humillación pública, que atribuye a una estrategia política orquestada por el legislador para desacreditarla.

En paralelo, el contexto político del caso se ha visto marcado por tensiones entre actores de Morena y la administración municipal de Uruapan, particularmente tras señalamientos previos de la alcaldesa sobre presuntas responsabilidades políticas en torno a hechos de violencia en su entorno.

Tras la resolución del tribunal local, Grecia Quiroz calificó el fallo como una “aberración jurídica” y una forma de discriminación institucional. En su posicionamiento público, afirmó que el Estado le exige cumplir con responsabilidades constitucionales, pero —a su juicio— le niega el acceso pleno a la justicia para defender su dignidad.

La alcaldesa anunció que no acatará la determinación y que el caso será impugnado ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde buscará que se revise el fondo del asunto.

“Las instituciones deben proteger a las mujeres, no a los agresores”, expresó en su pronunciamiento, al insistir en que continuará el proceso legal.

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