El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México ha presentado su proyecto de gasto para el año 2024, con un monto de 3,890 millones de pesos.

Este presupuesto es superior en 755.8 millones de pesos en comparación con el año 2023.

Pero destaca que es un 34 por ciento menor que el gasto de la elección presidencial anterior, que fue de 5,216.8 millones de pesos.

El tribunal envió este proyecto de gasto a la Secretaría de Hacienda, y el Secretario de Administración, Óscar Santiago Sánchez, señaló que se trata de un presupuesto «responsable y enfocado en garantizar las funciones constitucionales de la transferencia del poder, de forma pacífica y con estabilidad política».

Un aspecto notable de este proyecto de gasto es la inclusión de un fondo contingente de 84.7 millones de pesos para un eventual recuento de votos.

Se aclara que este fondo no está específicamente destinado a la elección presidencial, sino que se trata de una previsión para atender casos como la revisión de los resultados de las elecciones para gobernador en Puebla y Campeche.

El tribunal Electoral de México presenta presupuesto para 2024

Ante las advertencias de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados sobre un posible recorte al tribunal como parte de una disminución en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, el funcionario indicó que podrían realizar ajustes al proyecto si así lo deciden los legisladores, pero enfatizó que las cifras incluidas en el proyecto son «indispensables».

El desglose del proyecto de gasto incluye un presupuesto base de 2,788.6 millones de pesos para la operación del tribunal, 960.1 millones de pesos para la atención de la elección federal de 2024.

Destinados principalmente a la contratación de trabajadores eventuales para la calificación del proceso, así como fondos para recuentos y otros proyectos por un total de 56.6 millones de pesos.

El tribunal asegura que, en este momento, no existe un riesgo inminente de recorte en su presupuesto, pero anticipa que realizará un «análisis de riesgo» si los diputados deciden aprobar una disminución después de evaluar el contenido del proyecto.

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