En breve… Un tribunal colegiado dictaminó que el Ejército Mexicano debe preservar los expedientes vinculados a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Esto se produjo como resultado de la concesión de una medida cautelar en respuesta a la solicitud de amparo presentada por los padres de los estudiantes.

A profundidad: 

• La demanda de los padres se originó debido a la falta de entrega de todos los informes que están bajo la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual representa una violación al decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de diciembre de 2018, en el cual se instruyó a todas las entidades del gobierno federal a colaborar en la investigación para aclarar el caso.
• Este cumplimiento aún no se ha llevado a cabo, según lo indicado en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual señala que el Ejército ha mantenido sin justificación un número aún desconocido de informes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia.
• Sin embargo, se especula que el contenido de estos informes es relevante para comprender el contexto delictivo en Iguala, y, sobre todo, para descubrir la verdad sobre lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014. 

¿Qué están diciendo? 

• Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales”, por lo que ordenó a las autoridades castrenses abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información” que los padres de los estudiantes desaparecidos identificados en su demanda.
• Mientras que en la demanda, los padres de familia, señalan la responsabilidad en la Sedena del secretario, así como de los titulares del Estado Mayor, de la Jefatura y Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y del director del Centro Militar de Inteligencia, entre otros.

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