La tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado a nuevos niveles tras el anuncio de una recompensa de $50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El gobierno de Caracas ha reaccionado con vehemencia, calificando la medida como una «operación de propaganda política» y un «show» desesperado.

El anuncio, realizado por la fiscal general Pamela Bondi, intensifica una campaña de presión que Washington mantiene desde hace años contra el líder chavista, acusándolo de estar involucrado en actividades de narcotráfico. Según Bondi, la recompensa se ha duplicado a 50 millones de dólares y asegura que «Maduro no escapará de la justicia».

La respuesta de Caracas: «Una cortina de humo»

El canciller venezolano, Yván Gil, no tardó en responder a la acusación a través de un mensaje en la red social Telegram. Gil calificó la recompensa como la «cortina de humo más ridícula que hemos visto», sugiriendo que se trata de una distracción de los problemas internos de Estados Unidos. «La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política», afirmó el canciller, reflejando la postura oficial del gobierno de Maduro.

Acusaciones de EE. UU. y el contexto histórico

Las acusaciones de Estados Unidos no son nuevas. Desde 2020, el gobierno estadounidense formalmente ha acusado a Maduro de «narcoterrorismo». La recompensa, que inició en $15 millones bajo la administración de Trump y se elevó a $25 millones con Joe Biden, ahora ha alcanzado una cifra sin precedentes.

El Departamento de Justicia estadounidense también asegura haber incautado más de $700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro. Adicionalmente, el secretario de Justicia, Marco Rubio, ha reafirmado que Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, respaldando al líder opositor Edmundo González Urrutia. Rubio también ha señalado que la administración de Maduro supuestamente está vinculada con la banda criminal Tren de Aragua, la cual ha sido designada por Washington como una organización «terrorista» global.

Un camino de hostilidad y sanciones

La hostilidad entre ambas naciones se remonta al primer mandato de Donald Trump, quien en 2019 reconoció a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela e impuso una serie de sanciones, incluyendo un embargo petrolero. Aunque la oposición venezolana puso fin al simbólico gobierno de Guaidó en 2023, la postura de Estados Unidos se ha mantenido firme, si bien ha habido negociaciones esporádicas para la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.