El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, ha sido formalmente vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un cargo que involucra más de 156 millones de pesos. La decisión, tomada por un juez federal, se logró tras una exhaustiva audiencia de casi 48 horas, marcando la segunda vez que la Fiscalía General de la República (FGR) consigue un fallo en contra del ex mandatario.

Esta reciente vinculación a proceso se dio en cumplimiento de un amparo que el propio Sandoval había solicitado para que su audiencia inicial fuera repuesta, con la exigencia de que el juez justificara y fundamentara su resolución. Tras escuchar los argumentos de la FGR, el juzgador encontró indicios suficientes para proceder con el caso.

Un historial de acusaciones

Roberto Sandoval, quien gobernó Nayarit de 2011 a 2017, ya enfrenta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual cumple en el penal federal de El Rincón, en Tepic.

Las acusaciones de la FGR se centran en el concepto de enriquecimiento ilícito, un delito que se configura cuando un servidor público no puede demostrar la procedencia legítima de los bienes o el aumento de su patrimonio durante su gestión. La Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que esto también aplica a bienes adquiridos por sus cónyuges o dependientes económicos directos. Las penas por este delito, según el Código Penal Federal, pueden ir desde los 3 meses hasta los 14 años de prisión.

Además de los cargos en México, el exgobernador tiene un historial de acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. En 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense lo sancionó por tener presuntos nexos con el crimen organizado. Según la autoridad, Sandoval Castañeda habría participado en «una variedad de actividades de corrupción» y recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que resultó en la congelación de sus cuentas en el país vecino.

El caso de Roberto Sandoval resalta la lucha contra la corrupción en el servicio público y la cooperación entre autoridades nacionales e internacionales para combatir el enriquecimiento ilícito y sus vínculos con el narcotráfico.