Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hizo un llamado respetuoso al Poder Legislativo para ajustar el texto de la reforma a la Ley de Amparo, recientemente aprobada por el Senado, con el objetivo de evitar cualquier interpretación que implique retroactividad.

Zaldívar, quien también es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que, si bien existe una jurisprudencia clara que distingue entre actos procesales pasados y futuros, el lenguaje actual del artículo reformado no ofrece suficiente claridad, lo cual ha generado “debate innecesario, descalificaciones y preocupaciones legítimas”.

“La presidenta ha sido clara y contundente: no estamos a favor de ningún tipo de retroactividad”, señaló el funcionario, al reiterar que el gobierno federal no avala la aplicación retroactiva de normas procesales que pudieran afectar derechos ya adquiridos.

Reforma necesita mayor precisión

De acuerdo con Zaldívar, la Ley de Amparo es una norma de carácter procesal, lo que significa que sus disposiciones aplican a procedimientos en curso únicamente desde el momento en que la reforma entra en vigor. En ese sentido, explicó que las etapas ya concluidas de un juicio generan derechos adquiridos y se rigen por las leyes vigentes al momento en que se llevaron a cabo.

En respaldo a este criterio, recordó que la SCJN ha establecido en su jurisprudencia que las nuevas disposiciones procesales solo afectan actos futuros y no deben interpretarse como retroactivas, a menos que se indique lo contrario de forma expresa, lo cual no sucede en el texto actual.

“Si el precepto no es lo suficientemente claro, exhortamos respetuosamente a que se aclare para que las dudas se disipen y quede sin ningún problema”, propuso Zaldívar en un tono institucional y abierto al diálogo entre poderes.

Sugerencia sin modificar el sentido de la reforma

El funcionario subrayó que la Presidencia no busca alterar el contenido ni el objetivo de la reforma, sino únicamente añadir precisión jurídica para evitar conflictos interpretativos futuros. Reiteró que la intención de los legisladores es entendible y legítima, pero que “vale la pena reforzar la claridad del texto legal”.

La reforma a la Ley de Amparo ha generado debate entre juristas, organizaciones civiles y sectores políticos, especialmente en lo relacionado con la posible limitación a la suspensión de normas generales y la protección de derechos adquiridos en procesos judiciales.

La propuesta de Zaldívar representa un intento de mantener el equilibrio constitucional, evitando la retroactividad, mientras se da continuidad al proceso legislativo en la Cámara de Diputados, donde la reforma aún deberá ser discutida y votada.

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