Un estudiante de 13 años resultó lesionado tras un ataque con tijeras por parte de un compañero en la Secundaria Número 7 Marco Moshinsky, ubicada en Apodaca, Nuevo León. Según reportes preliminares, el incidente ocurrió mientras un grupo de alumnos realizaba una dinámica denominada “jugar a los otakus” dentro del plantel, localizado en la colonia Paseos de Santa Rosa, segundo sector.

Paramédicos confirmaron que la víctima sufrió al menos cinco heridas en la cabeza y fue trasladada de inmediato a un hospital, donde se encuentra estable. El presunto agresor, también de 13 años, quedó bajo custodia de la Fiscalía Especializada en Adolescentes, mientras que las tijeras fueron aseguradas como evidencia para la investigación. Autoridades educativas y de seguridad trabajan para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del alumnado.

El incidente refleja un problema persistente en México: el bullying escolar, que no solo afecta la salud física y mental de las víctimas, sino que también deteriora la convivencia escolar y genera costos económicos significativos. Expertos subrayan la necesidad de políticas públicas sostenidas, así como la participación activa de familias, docentes y autoridades para prevenir y atender este tipo de violencia.

La SEP ha publicado materiales como la guía “Todas y todos contra el acoso escolar”, orientada a docentes de educación básica, con el objetivo de fomentar entornos escolares libres de violencia y promover la denuncia. Recientemente, en diciembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un estándar para reconocer el acoso escolar, considerando cualquier patrón de agresión física, psicoemocional, patrimonial o sexual, incluso si los actos parecen aislados.

Datos oficiales muestran que la violencia escolar sigue creciendo: entre 2019 y 2024, los reportes de bullying en la CDMX aumentaron 205%, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Además, el Foro “Aulas sin Miedo” estimó que 28 millones de estudiantes enfrentan riesgo de acoso, con un impacto económico anual superior a 7 mil millones de pesos en atención médica y consecuencias sociales.

Las autoridades educativas reiteran que la prevención es la primera línea de defensa, e impulsan programas de capacitación docente y guías para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes dentro de los centros escolares.

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