El caso del feminicidio de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años, ha reavivado el debate sobre el sistema de justicia para menores en México, luego de que se dieran a conocer las sentencias contra las dos agresoras, también menores de edad, responsables de engañarla, asesinarla y documentar el crimen en video.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora. La joven fue citada por dos conocidas —quienes habían tenido conflictos previos con ella— bajo un pretexto. Una vez en el lugar, fue privada de la libertad, atada y posteriormente asesinada por asfixia mecánica, mientras una de las agresoras registraba la escena con un teléfono móvil.

Las indagatorias señalan que el crimen fue planeado con antelación y estuvo precedido por episodios de acoso escolar y burlas relacionadas con su color de piel, según relató la madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra. El video del asesinato, que más tarde circuló en redes sociales, se convirtió en una prueba central del caso y fue descrito por la familia como evidencia directa de la violencia ejercida.

Tras el homicidio, las responsables intentaron ocultar el cuerpo enterrándolo en el patio de una vivienda. El hallazgo se produjo una semana después, en condiciones que obligaron a mantener el ataúd sellado durante el funeral, lo que, según la familia, impidió una despedida adecuada.

En un inicio, las autoridades consideraron la posible participación de un adulto identificado por alias, pero dicha línea de investigación fue descartada tras su fallecimiento y la evidencia recabada, que apuntó exclusivamente a las dos menores como autoras materiales.

La controversia se intensificó al conocerse la resolución del tribunal del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Una de las responsables recibió una pena de 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que la otra fue sancionada con 11 meses de libertad asistida. Asimismo, se fijó una reparación del daño de 5,677 pesos mexicanos, monto que la familia considera insuficiente frente a los más de 30,000 pesos que implicaron los gastos funerarios.

Especialistas señalan que las sentencias se apegan al marco legal vigente, el cual establece un máximo de cinco años de internamiento para menores, incluso en delitos graves. No obstante, el caso ha evidenciado la tensión entre la legislación para adolescentes y la percepción social de justicia, particularmente en crímenes de alto impacto.

La madre de la víctima ha manifestado su inconformidad con el fallo, al considerar que la sanción no corresponde a la gravedad de los hechos. En sus declaraciones públicas, ha cuestionado la proporcionalidad de la pena y adelantó que buscará apelar la sentencia para solicitar el castigo máximo permitido por la ley.

La difusión del video y la naturaleza del crimen han generado una fuerte reacción en redes sociales y entre colectivos, que señalan una brecha entre la violencia ejercida y la respuesta institucional, reavivando la discusión sobre posibles reformas al sistema penal juvenil en México.

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