Las denuncias de migrantes por malos tratos en centros de trabajo aumentaron durante 2025, de acuerdo con el Centro de Recursos de Trabajadores Migrantes (CRTM). La directora del organismo, Julia Gloria Gómez Martínez, informó que la atención de casos relacionados con abusos laborales creció alrededor de 50% respecto a años anteriores.

Según explicó, en 2023 y 2024 el centro atendió cerca de 30 casos anuales vinculados con amenazas, explotación y violaciones laborales. Sin embargo, durante este año el número de personas migrantes que buscaron apoyo aumentó de manera significativa.

Gómez Martínez señaló que muchos trabajadores no presentan denuncias por temor a perder el empleo o enfrentar problemas migratorios. Además, indicó que algunos patrones utilizan amenazas de deportación o desinformación para impedir que los afectados busquen ayuda legal.

“Puede haber más casos, pero no se van a acercar a denunciar porque quieren conservar el empleo”, comentó la directora del CRTM. También destacó que cada vez son más frecuentes los procesos que llegan a instancias de Conciliación y Arbitraje.

Migrantes enfrentan barreras laborales y de salud

La directora del centro advirtió que las dificultades no se limitan al ámbito laboral. Muchos migrantes carecen de acceso pleno a servicios de salud debido a retrasos administrativos relacionados con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Explicó que el sistema para tramitar la CURP presenta lentitud, lo que afecta el acceso a atención médica especializada. Aunque algunas personas reciben atención primaria, los casos que requieren consultas con especialistas suelen enfrentar más obstáculos.

Asimismo, Gómez Martínez indicó que la falta de documentos oficiales genera incertidumbre para quienes trabajan sin contratos formales. En consecuencia, muchas personas migrantes quedan fuera de esquemas laborales y de seguridad social.

Persisten limitaciones en el sistema de salud

A finales de abril, la investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Ietza Rocío Bojórquez Chapela, advirtió que el sistema de salud mexicano todavía presenta limitaciones para atender a la población migrante.

La académica recordó que la legislación nacional reconoce el derecho a la atención médica gratuita, sin importar la situación migratoria. No obstante, señaló que la aplicación de esas políticas enfrenta fallas operativas y barreras administrativas.

Además, explicó que existen obstáculos económicos y de idioma que dificultan el acceso oportuno a los servicios médicos. Estas condiciones afectan principalmente a quienes llegan al país sin redes de apoyo o estabilidad laboral.

Especialistas y organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer mecanismos de protección laboral y atención médica para las personas en contexto de movilidad. Mientras tanto, el incremento de denuncias refleja un escenario de vulnerabilidad persistente para miles de migrantes en México.