México registró más de 15 mil menores migrantes en 2025
Durante 2025, ingresaron a México al menos 15 mil 172 niñas, niños y adolescentes migrantes, de los cuales 970 viajaban sin compañía, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) del gobierno federal. La mayoría de estos menores tiene como destino final Estados Unidos, impulsados por decisiones familiares en busca de mejores oportunidades de vida.
El fenómeno, sin embargo, ocurre en un contexto de creciente vulnerabilidad, donde los menores enfrentan discriminación, violencia, explotación, trata y abuso sexual durante su trayecto migratorio.
Riesgos en tránsito y políticas migratorias
Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) advierten que la situación se ha agravado con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, lo que ha incrementado riesgos como detenciones arbitrarias, falta de aplicación de protocolos de protección y restricciones al derecho de asilo.
En este contexto, Redim presentó el informe regional “Sistemas nacionales de protección para infancias y adolescencias en movilidad humana en México, Guatemala, Honduras y El Salvador”, elaborado junto con el proyecto REDES, donde se destaca la necesidad de fortalecer mecanismos de protección transnacional.
El estudio señala que, aunque desde 1990 los países analizados están alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño, aún persisten vacíos importantes en la protección efectiva de esta población.
Debilidades institucionales y retos de protección
En México existen instituciones como el DIF, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Sin embargo, el informe advierte que su coordinación es limitada y que la participación de los menores en los procesos de decisión es esporádica o insuficiente.
Además, se identifican fallas en la evaluación de políticas públicas, en el seguimiento de planes de restitución de derechos y en el uso del presupuesto, que suele enfocarse en lo operativo más que en la protección integral de los menores.
Otro problema señalado es la falta de datos completos, ya que la información se centra en control fronterizo y seguridad, sin considerar aspectos clave como salud o situación familiar, lo que limita el diseño de políticas efectivas.
