Ante la expectativa del último informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, programado para el próximo domingo 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, surge la incógnita sobre la posible implementación de una ley seca por parte de las autoridades federales.

La ley seca es una medida que restringe la venta y consumo de alcohol con el fin de mantener el orden público en eventos masivos como será el informe presidencial, esto, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir situaciones de desorden.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte del gobierno que regule la venta de bebidas embriagantes para ese día.

En caso de establecerse la ley seca el 1 de septiembre, las personas que infrinjan esta normativa podrían enfrentar sanciones como arresto, multas económicas que oscilan entre los dos mil 268 y tres mil 240 pesos, o incluso trabajar horas de servicio comunitario como parte de la penalización.

Según el artículo 63 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, en caso de detectarse la venta ilegal de alcohol durante la ley seca, la autoridad procederá a asegurar las bebidas y trasladarlas a un lugar designado, con un inventario detallado de lo confiscado y una copia entregada al responsable del establecimiento u evento.

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