Un hecho que causó indignación a nivel nacional e internacional ocurrió el pasado domingo 4 de mayo en la comunidad de San Pedro Cuitlapan, municipio de Tlacoachistlahuaca, en la región Montaña del estado de Guerrero. Se trató de la celebración de una boda infantil entre dos menores de tan solo 12 años de edad, cuyo enlace fue organizado y avalado por sus propias familias y presuntamente respaldado por autoridades tradicionales de la localidad.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron a los niños vestidos como novios en lo que aparenta ser una celebración tradicional: música en vivo, banquete, pastel, decenas de invitados y una atmósfera festiva. La escena provocó una ola de críticas y llamados de atención, sobre todo por la vulneración a los derechos de la infancia que representa este acto.

De acuerdo con medios locales y testimonios de los vecinos, la unión fue justificada por los organizadores bajo la figura de “usos y costumbres”, una práctica común en algunas comunidades indígenas y rurales del estado de Guerrero. Según estos criterios, los acuerdos familiares tienen un valor cultural que se impone incluso sobre la legislación vigente. Sin embargo, organismos defensores de los derechos humanos han insistido en que ningún sistema de creencias o prácticas comunitarias debe estar por encima del interés superior del menor.

Cabe recordar que el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tras reformas aprobadas en 2022, prohíbe tajantemente el matrimonio infantil. Las disposiciones incluyen sanciones a padres, tutores y autoridades que participen o permitan este tipo de uniones. A pesar de esto, en varias regiones del estado especialmente en zonas indígenas, se continúan celebrando estas bodas con total impunidad.

Las uniones de menores, además de violar la ley, interrumpen de forma radical el desarrollo físico, emocional y educativo de las niñas y niños. Diversos estudios han demostrado que estas prácticas aumentan el riesgo de embarazos adolescentes, violencia doméstica, abandono escolar y dependencia económica, afectando la vida entera de quienes son forzados a un vínculo para el cual no tienen ni la edad ni la madurez necesaria.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron con indignación, exigiendo que las autoridades estatales y federales investiguen y sancionen a quienes resulten responsables de esta boda. Algunos incluso etiquetaron a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones internacionales como UNICEF México.

Organizaciones civiles que trabajan en la protección de la infancia también condenaron el hecho y recordaron que el matrimonio infantil no es una costumbre cultural, sino una violación a los derechos humanos. Pidieron acciones inmediatas por parte del gobierno de Guerrero para intervenir en esta comunidad y detener cualquier práctica similar en otras regiones.

Hasta el momento, ni la Fiscalía del Estado ni el DIF estatal han emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades competentes investiguen el caso, que ya se ha viralizado y puesto bajo el escrutinio público nacional.

La celebración de este matrimonio entre menores vuelve a encender el debate sobre la tensión entre tradiciones locales y el cumplimiento de los derechos fundamentales de la infancia. La gran pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo las leyes serán respetadas en todo el territorio nacional?

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