Por: Eduardo Serrano

Los tiempos no cambian, por el contrario, se agudizan. En México, dedicarse al periodismo es prácticamente enlistarse en un plan funerario, y no precisamente previsor, ante la osadía de dotar a la ciudadanía del derecho a ser informados, en medio de un Ambiente Político de alto riesgo. Los lamentables hechos recientes, nuevamente sacuden las conciencias de la sociedad ante la clara indefensión en la que se encuentra el gremio periodístico, cuyo único pecado es exhibir la corrupción de los que alguna vez soñó que dejarían de ser intocables, y por ello se atrevió a plasmar con toda responsabilidad en sus notas, las pruebas que le hacían falta a la autoridad para tomar cartas en el asunto, sin pensar que en esas cartas, siempre se encuentra la presencia latente de un “comodín” que en algún momento sería usado en su contra.

En los marcadores del Gobierno de la «4T», Norma Sarabia, corresponsal del diario Tabasco Hoy, se convirtió en la número 7, la antecedió en la “lista negra” el reportero Francisco Romero Díaz, quien fuera ultimado apenas el pasado 16 de mayo en Quintana Roo. La tabasqueña fue ejecutada por sujetos armados que hicieron el “servicio a domicilio” en el municipio de Huimanguillo en las cercanías del estado de Veracruz, por cierto, otro territorio minado para los que se dedican a informar. En medio de la preocupación y la indignación de sus familiares y compañeros de la Asociación Tabasqueña de Periodistas, Norma Sarabia es recordada por cubrir reportajes especiales en los que mostraba el alarmante incremento de la violencia en la zona conocida como Chontalpa, región controlada por el crimen organizado y los “huachicoleros”. Cubría la fuente policiaca, por lo que estaba al tanto de asaltos, desapariciones, homicidios y secuestros, con el temor de que algún día, ella misma sería parte de esas noticias.

Como medida precautoria, el director editorial de Tabasco Hoy, Héctor Tapia Martínez, tomó la decisión de evitar que se firmaran las notas de Norma, lo cual, evidentemente, no sirvió en lo absoluto, pues hasta el momento, no hay un “chaleco antibalas” que detenga la impunidad bajo la cual se sigue incrementando esa “lista negra” de agresiones a periodistas. En el caso particular de Norma, se tenían documentadas amenazas desde el año 2014, cuando le dio seguimiento a la detención de elementos policiacos a quienes pretendieron involucrar en un presunto delito de secuestro, y que llevó a la muerte de uno de los detenidos dentro de las mismas instalaciones de la Procuraduría de Justicia. Tras la cobertura, a Norma le llovieron amenazas, motivo por el cual denunció a quienes fungían como director y subdirector de la Policía Municipal de Huimanguillo.

El caso de Norma no es lo único, ahora se teme por la vida de Marcos Miranda Cogco, interceptado a unas calles de su domicilio por sujetos armados quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, dejando abandonado el vehículo en el que viajaba «Marmiko», como conocen al también periodista allá en Boca del Río, Veracruz, lugar donde fue secuestrado. Bien lo dijo Emmanuel Salazar, presidente de PEPROC en Durango en su discurso con motivo del Día de la Libertad de Expresión, no ha pasado -y ojalá no pase- en Durango nunca una agresión a un periodista que conduzca a su muerte. Así es, no ha pasado, pero no basta con esperar en que no pase, algo tienen que hacer nuestras autoridades para que esta profesión deje de ser la temible analogía de la apertura de un plan funerario, que deja hogares y oficinas de redacción vacías, frente al terror de muchos y la indiferencia de pocos.