Por: Eduardo Serrano

Hubo necesidad de una sesión extraordinaria en lo oscurito, para que el Congreso Local de Baja California validara la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el periodo del Gobierno estatal que encabezará el morenista Jaime Bonilla. Esta deliberada violación a la Constitución, puesto que los electores baja californianos eligieron a un mandatario para un periodo más corto del que pretenden imponer, conocida como la “Ley Bonilla” o “bonillazo”, generó una terrible urticaria alérgica en el Ambiente Político, que deja en evidencia la presencia de una verdadera crisis, más allá de la económica o de la ambiental, que por supuesto son importantísimas en todo el mundo, en aquel estado fronterizo se encuentran frente a un episodio grave y preocupante en la toma de decisiones, que muestra una marcada escasez maternal.

La iniciativa del “bonillazo” quedó a cargo del diputado Víctor Manuel Morán, bajo el argumento que las elecciones en dos años serían una gasto sumamente gravoso para el erario, algo que por esa disminución en las “dosis maternas” del actuar del político morenista, no se le había ocurrido antes del proceso electoral que derivó en la jornada del 2 de junio, lo cual en su momento fue respaldado por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, por cierto, actitud duramente criticada por la diputada federal Tatiana Clouthier, puesto que el “bonillazo” fue el fruto de una acuerdo maquiavélico. Sin embargo, eso les valió otra pequeña dosis materna, y el pasado 22 de julio, se fueron a las bellas Playas de Rosarito, las cuales sirvieron de escenario para que se conglomeraran los legisladores de Baja California, para discutir el exhorto del Congreso de la Unión en el sentido de desechar la reforma al articulo VIII de la constitución local.

La respuesta de los legisladores fue contundente. Con el argumento de que se violaba la soberanía de la entidad, y ya contando con el respaldo de 3 de los 5 cabildos, sin necesidad de someter a votación, mandaron colocarle abundantes porciones de polvo de carbón de encino a la parte materna del exhorto del Congreso de la Unión. Aunque el actual Gobernador, KiKo Vega, se niega a publicar el “bonillazo” en el Diario Oficial del Estado, y a pesar de la renuncia de seis de los siete diputados panistas que votaron a favor de la “Ley bonilla”, antes de que los expulsen de su partido, -aclarando, la renuncia es al PAN no a la diputación, ya que son cargos irrenunciables-, la única alternativa que se observa, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dé para atrás en esa acción, aunque la opinión pública ya los ha comenzado a juzgar, por andar tomando decisiones con marcada, muy marcada escasez maternal.

El “bonillazo” ha despertado la preocupación de la clase política, que ve en ello un ensayo baja californiano que podría replicarse en la presidencia de la República, situación que han negado rotundamente los personajes ligados a la «4T», entre ellos el senador Martí Batres, y desde luego, el propio presidente AMLO quien hasta firmó el pasado 19 de marzo un documento en el que se comprometió a no reelegirse, mismo que por una extraña razón, ¡no existe! En efecto, luego que el INAI solicitara una copia del documento en mención, la oficina de la Presidencia declaró que no lo habían encontrado. Los bienpensados dirán que será muy fácil que AMLO nuevamente firme otro documento, los malpensados dirán que la crisis maternal, -o quizás la austeridad maternal- ha tocado Palacio Nacional, los demás diremos: Por si acaso, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acabe con la aberración del “bonillazo” y ponga freno a la escasez de progenitora, antes que sea demasiado tarde.