Por: Eduardo Ortega Solano

Del 15 de junio al 1 de agosto del 2021, tendremos una veda electoral, resultado de un ejercicio inédito que realizarán las autoridades electorales (INE), nos referimos a la “Consulta Popular” la cual ya está contemplada en nuestra Carta Magna, es importante precisar que este tipo de ejercicios nada tienen que ver con las votaciones a mano alzada que realiza el primer mandatario, o la “consulta ciudadana”, de la cual derivó la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que si bien es cierto que este tipo de ejercicios, de ninguna forma son ilegales, tampoco tienen un valor jurídico, digamos que son herramientas del presidente que utiliza para su toma de decisiones.

El origen de esta “Consulta Popular” fue a iniciativa del propio AMLO, quien contempló la posibilidad que se juzgara a los cinco expresidentes anteriores: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Solo que, para cumplir los requisitos legales, la Suprema Corte tuvo que reformular la pregunta, la cual fue mutando de tal forma que no se entendería que esta tiene una dedicatoria a los expresidentes si no se conocen los antecedentes previos. De tal manera que la boleta que nos presentarán en las urnas para un “SÍ” o “NO” este primero de agosto tendrá una pregunta tan ambigua que dirá textualmente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Ha sido una constante entre los opositores a este ejercicio el decir: “Que la aplicación de la Ley no está sujeta a consulta alguna, que esta solo se aplica, y tampoco, se consultan los derechos humanos y garantías individuales de nadie”. Estoy totalmente de acuerdo, pero abro un paréntesis para señalar que muchas de estas voces son las mismas que se oponen a los matrimonios igualitarios, a pesar que la suprema corte; dice que están en su derecho, y que impedir este tipo de contratos matrimoniales, es violatorio a la Ley, además a sus derechos y garantías. Los opositores a estas uniones, aseguran que deben existir mesas de trabajo, que no está suficientemente discutido, ¿entonces la Ley se aplica o se consulta según sea el caso?

Otro argumento en contra de la “Consulta Popular” es su elevado costo, los 500 millones de pesos que gastaremos todos los mexicanos se pudieran utilizar en vacunas contra el COVID-19.

Cierto que la Ley no se consulta, pero tampoco se cumple, en México existe un 97 por ciento de impunidad, además que no sabemos de algún expresidente que haya sido sancionado por las tropelías cometidas durante su sexenio. Los 500 millones saldrán del presupuesto asignado al INE, el cual tiene la obligación de promover la participación ciudadana, y por supuesto que las consultas populares, referéndum, plebiscito, revocación de mandato (figuras de democracia directa), son instrumentos, que fomenta la participación ciudadana, los 500 millones no se pueden utilizar en actividades fuera del INE.

Noruega, el país más democrático del mundo, es también el que tiene más ejercicios de democracia directa… por algo se empieza.

 Twitter: @EduardoOrtegaS