Por: Eduardo Ortega Solano

La pregunta que mandó el presidente de la República, a la Cámara Baja, para que a su vez fuera turnada a la Suprema Corte de Justicia y que fue lo que generó el motivo de la Consulta Popular que vivimos ayer, 1 de agosto. Claramente mencionaba con nombre y apellido a los últimos cinco expresidentes desde Salinas hasta Peña: (sic) «¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari… antes, durante y después de sus respectivas gestiones?». Sin embargo, la Suprema Corte consideró que realizar la pregunta de esta manera sería violatorio a los derechos humanos, y en apego a su criterio y derecho la modificó dando como resultado una pregunta considerada por muchos como una verdadera galimatía; sin embargo, la Ley en general, es imperfecta y llena de vacíos jurídicos, por lo tanto, no tiene nada de extraño que una Ley se deba interpretar.

Pero la manera en qué quedó la pregunta, ha sido punto fundamental para la descalificación de esta, incluso (el prestigiado) diario británico The Economist, dijo de forma errónea y malintencionada, que la pregunta que envió AMLO. “Es una pregunta que pudo haber sido ideada por Cantinflas”, aunque no daría el beneficio de la duda, respecto a que no supieran que esta no fue la pregunta que formuló el presidente. De haber existido una aceptación a la consulta por parte de este diario, que en pleno siglo 21 es pro monárquico, me parecería verdaderamente preocupante.

Un argumento recurrente, en contra de la consulta que vivimos el domingo pasado fue: “la ley no se consulta, se aplica”, cosa con la que no podría estar más de acuerdo, sin embargo, resulta paradójico que este mantra se quiera posicionar en contra de un ejercicio democrático en un país donde existe un 97 por ciento de impunidad. Otra peroración frecuente en contra de la consulta es el costo de 500 millones, coincido con el argumento que ese recurso sería muy útil en la compra de vacunas o quimioterapias para los niños con cáncer. Sin embargo, el costo no representa una nueva erogación al erario, es parte de los recursos asignados al INE, del cual una de sus principales funciones es incentivar la participación ciudadana para la formación de nuestra incipiente democracia. Y que mayor incentivo que la promoción de una actividad de democracia participativa.

Para ubicar mejor lo que representan 500 millones para el erario, veamos algunos comparativos; significa el 1 por ciento de lo que pagamos anualmente de intereses del Fobaproa, 5 por ciento de la Estafa Maestra, 4 por ciento de lo que costó el avión presidencial, 5 por ciento de la partida secreta de CSG. La descalificación que se está dando de forma sistemática a la consulta, es por el pensamiento erróneo que la participación en esta es tan solo para fortalecer a López Obrador, nada más falso; plebiscito, referéndum, revocación de mandato, consultas populares, son usos y costumbres que se dan en las democracias más avanzadas del mundo. El gobernador José Aispuro, y el secretario General de Gobierno, Héctor Flores, participaron e invitaron a los duranguenses a hacer lo propio.

Calificar esta consulta como una carpa de circo, o el 1 de agosto como “día internacional del pendejo” solo pone en evidencia una gran ignorancia y la nula capacidad argumentativa de rabiosos amlofobicos.

Roma no se construyó en un día y la democracia tampoco.

Twitter: @EduardoOrtegaS