Por: Guillermo Fabela Quiñones

Aunque la Ley de la Industria Eléctrica, de la que este martes inició la votación la Cámara de Diputados, no tocará lo sustancial de la Reforma Energética del sexenio pasado, la privatización, de cualquier manera, las presiones extranjeras y de la cúpula oligárquica, serán muy duras de aquí en adelante. La soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos se mantendrá acotada, tanto por los grandes intereses globales como por el entrampamiento del Gobierno debido a sus contradicciones.

No hay un sustento objetivo para ejercer plena soberanía en materia energética, como lo hubo en el pasado. No lo ha buscado el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) cuando tuvo oportunidad de hacerlo, al inaugurar un supuesto cambio estructural que de inmediato demostró su real dimensión. Al principio del sexenio era válido suponer que debía caminarse con cautela, pero pronto se vio que la realidad era instaurar un régimen bonapartista, es decir uno que pretende gobernar por encima de las clases sociales, pero termina sometido por los intereses dominantes.

Por eso da lo mismo que Morena, en los comicios de este año, alcance la mayoría en la Cámara Baja, si el partido está supeditado a las directrices de las cúpulas del poder, como así fue la estrategia desde su fundación, lo que se corroboró muy pronto con el arribo de militantes de partidos tradicionales, muchos de ellos integrantes de la Legislatura que aprobó las reformas estructurales promovidas por Peña Nieto en obediencia a órdenes superiores.

La rectoría del Estado sobre la economía, cabe afirmarlo sin tapujos, no se alcanzará con el tibio paso que se dará con la aprobación, sin quitarle una coma, de la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Ejecutivo. Es imposible dar ese paso en las actuales condiciones, sin una correlación de fuerzas favorable que lo permita, como la hubo en el Gobierno del presidente López Mateos, cuando nacionalizó este estratégico sector.

En su sexenio (1958-1964), no obstante las presiones internas por avanzar hacia una vida democrática auténtica, y la represión contra movimientos vanguardistas como el de los ferrocarrileros, la economía orientada a satisfacer las necesidades básicas de la población había dado frutos concretos, como la creación del ISSSTE, la reducción de la deuda externa y la instauración del desarrollo estabilizador. Hoy la realidad del país está supeditada a las directrices neoliberales globales, y sobre todo a la dependencia al imperio que no desiste de su empeño en liquidar toda idea de soberanía en Latinoamérica.

Aunado a lo anterior, está el hecho incuestionable de que el Presidente no aprovechó en su momento la voluntad mayoritaria por apoyar los cambios prometidos. Ahora se encuentra maniatado políticamente por sus contradicciones, su estilo personal de gobernar y su proclividad a meterse en laberintos verbales que dan margen a sus opositores a que lo ataquen. Por ejemplo, durante su campaña prometió bajar el precio de las gasolinas, ahora afirma que nunca lo dijo.

Ahora, de modo innecesario, enfrenta a la Auditoría Superior de la Federación y crea una situación embarazosa para ambas partes, es decir para David Colmenares Páramo, el auditor, y para Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Su postura de aportar “otros datos” deja mal a las dos instancias, y queda la duda en la ciudadanía sobre la objetividad de la ASF y la responsabilidad asumida por la SFP.

El auditor quedará, en el imaginario público, como un profesional que se deja llevar por sus propios intereses políticos. Así lo demostró al rectificar sobre los datos que dio a conocer sobre los costos de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, mientras que la funcionaria fue exhibida como alguien que oculta información. Aquí es oportuno recordar que Colmenares fue propuesto para el cargo de auditor de la Federación por Morena, cuando es de sobra conocida su trayectoria en el engranaje priista y panista, inclinada más a lo político que al aspecto contable.

En consecuencia, las complicaciones que surgen al paso de la 4T son provocadas por el mismo aparato gubernamental en el poder, las más de ellas evitables si hubiera congruencia en la agenda presidencial. Ahora, con la pandemia que no cesa, la realidad se vislumbra más que dramática.

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