Por: Guillermo Fabela Quiñones

El mes de julio comenzó con hechos que pondrán a prueba la capacidad del régimen para enfrentar los retos que aparecieron con la pandemia del COVID-19, mismos que agravaron la crisis económica y social heredada por cuatro décadas de neoliberalismo, la cual se estaba paliando con buenos augurios hasta el inicio de este año. Esta realidad inédita la está aprovechando el conservadurismo reaccionario para tratar de debilitar al presidente López Obrador, lo que muestra el imperativo de que éste asuma un papel más activo en defensa de su Gobierno.

Hay claros indicios de que la crisis sanitaria se puede agravar, situación que repercutiría en más descontento social; la derecha se aprovecharía con todo su poderío económico. Es obvio que sus ataques están arreciando, por todos los flancos, con el objetivo de ponerlo a la defensiva para restarle capacidad de respuesta oportuna a los problemas de coyuntura. No es fortuito que los ultras de izquierda y derecha critiquen acremente el viaje de López Obrador a la Casa Blanca la semana próxima: Obedecen al mismo propósito.

La situación para el régimen de la Cuarta Transformación (4T) se podría complicar sin actuar conforme al imperativo de frenar las embestidas reaccionarias, sin la pasividad que deja traslucir la actitud “civilizatoria” que no encaja con nuestra realidad. Esto no significa que caiga en las provocaciones que le tienden sus enemigos, sino que acepte la obligación ineludible de cerrar espacios a su beligerancia. Un paso necesario es poner fin, de una vez por todas, a la corrupción en la Judicatura, pues la ciudadanía mira como un mal mayor la impunidad de los jueces que su comportamiento abiertamente inmoral.

Es buen indicio que el Presidente haya decidido actuar en el caso de la liberación de José Ángel Covarrubias, “El Mochomo” y afirmó: “Puedo decirles que la libertad de este señor… tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado donde se le otorgó la libertad… es una afrenta a las instituciones y al Estado”. Se comprometió a investigar a fondo las razones de la liberación de dicho delincuente, pieza clave en las indagatorias para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo vital para el régimen es que haya resultados inmediatos, se eviten subterfugios legaloides para justificar la inacción, práctica usual en la etapa neoliberal; se cierren las puertas a la impunidad, de modo concreto e irreversible. En el caso particular de la violencia en Guanajuato, llegó la hora de que la Federación actúe conforme a las atribuciones que le otorga la Constitución. El pueblo de dicha entidad lleva casi tres décadas soportando gobiernos panistas que sólo se han dedicado a favorecer intereses particulares, dejado en la indefensión a las clases mayoritarias.

El Estado de derecho debe prevalecer en todo el territorio nacional, son inconcebibles las ínsulas en las que impera la voluntad exclusiva de quienes tienen la fuerza para imponer condiciones oprobiosas al pueblo, como en Guanajuato. Es tiempo de que el Estado asuma su responsabilidad de ofrecer garantías de legalidad a la sociedad. En Guanajuato hay un vació de poder institucional que llenan organizaciones delictivas en contubernio con los tres poderes. Esto es incuestionable.

Se debe tener muy claro que una cosa es la tolerancia y otra la impavidez del Estado ante situaciones que reclaman soluciones de conformidad con el daño que provocan a la sociedad. Se rebasó hace tiempo la línea que divide a la tolerancia con la inacción que se toma como irresponsabilidad o, en el mejor de los casos, falta de voluntad por razones políticas mal diagnosticadas.

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