Por: Guillermo Fabela Quiñones

Con la alharaca de los grupos reaccionarios al alza en diversas partes del país, el presidente López Obrador comienza a resentir las consecuencias de su pragmatismo bonapartista. Los beneficiarios de este estilo personal de gobernar han sido sus malquerientes, a los cuales se están sumando aliados que fueron un poderoso dique a sus adversarios, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), amplios grupos de la clase media que votaron por sacar al PRIAN del poder, y hasta desclasados que sobreviven en la economía informal.

Sigue mostrando un optimismo que lo distancia de la realidad, más por carecer de un elemental sentido de autocrítica que por desconocimiento de los hechos cotidianos, pero deja el camino libre a quienes no aceptan que México salga de la ruta trazada por el régimen neoliberal, paradójicamente con el apoyo, por omisión o conveniencia política, del propio Mandatario, bajo el señalamiento de que “la democracia es libertad”. Aunque sus enemigos aprovechan este concepto con el fin de alcanzar su objetivo: cerrar el paso a cualquier avance democrático.

Lo estamos viendo en este momento, cuando el Presidente, por primera vez en dos años, toma una decisión trascendente en beneficio del país. La Ley de la Industria Eléctrica retoma las bases constitucionales que echó a la basura la Reforma Energética decretada por el Gobierno anterior. Esta fue absolutamente inconstitucional, aunque haya sido avalada por el Congreso y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Así se dio visos de legalidad a la privatización lenta pero firme que se inició en el sector energético desde 1984.

Este es el tema central, no el del derecho de amparo, cuando previamente se violó la Constitución en la reforma energética de 2013. Entonces la Judicatura no alzó la voz, no surgieron furibundos defensores de la “soberanía nacional”, la mayoría de los medios, articulistas y analistas callaron, como lo hicieron sus antecesores en 1950. Es oportuno recordar que ese año se dio un ejemplo extraordinario de dignidad y patriotismo, por los mineros en huelga de Nueva Rosita, Coahuila. Llevaron a cabo una marcha histórica que llegó a la capital del país, solo para encontrar todas las puertas cerradas. Se tuvieron que regresar, derrotados y enfermos. Sus líderes principales fueron asesinados tiempo después.

En este momento, cuando el Presidente necesita el apoyo solidario, consciente y organizado de las clases mayoritarias, se encuentra prácticamente solo, con su partido en verdad “partido” en diversas partes, sin posibilidad de levantar un movimiento de masas como el que en su tiempo acompañó a los presidentes Cárdenas y López Mateos. En cambio, los ultras de la derecha, conservadores o como quiera llamárseles, están de plácemes porque pueden acorralar a un mandatario sin la fuerza popular necesaria para repeler las embestidas reaccionarias de las cúpulas del gran capital financiero y económico.

Por su pragmatismo, López Obrador ahora se encuentra en una situación que lo obliga a recurrir a las fórmulas que permiten acusarlo de “populista”: los anunciados incrementos a las pensiones a los adultos mayores, que se mantendrán hasta el fin del sexenio. Cuando por otro lado mantiene intocada la estructura económica del neoliberalismo, que con Ernesto Zedillo dio un salto que lo hacía merecedor de enfrentar juicio como traidor a la patria. ¿Acaso hubo alguien en la SCJN o en otras instancias que alzara su voz descalificando las acciones contra la soberanía nacional de Zedillo, o antes con las de Salinas?

Pero ahora vemos cómo surgen paladines de la “libertad” por todas partes, defensores de la “libre empresa” dispuestos a todo, mientras el mandatario sigue empecinado en un discurso que de tan sabido encuentra oídos sordos, cuando lo que se necesita es demostrar la fuerza suficiente que ofrecería un pueblo consciente y organizado. Obviamente, así se le brindan todas las facilidades a las élites beneficiarias del neoliberalismo para continuar haciendo de las suyas, al fin que pagando amparos todo se resuelve. Nadie en la clase política pierde, todos siguen contentos, entre ellos por desgracia los dirigentes de Morena.

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