Por: Guillermo Fabela Quiñones

Aunque moral e históricamente derrotados, los conservadores no cejan en sus afanes de hacer fracasar al presidente López Obrador, con el único fin de regresar al poder para seguir manteniendo sus privilegios. Lo continuarán haciendo mientras él siga menospreciando su capacidad de engañar a una ciudadanía despolitizada, inmovilizada, desorientada por las actitudes del propio Mandatario, quien actúa con una visión estratégica que el pueblo no alcanza a comprender, situación que permite a la minoría reaccionaría sumar fuerzas.

Eso es lo que está sucediendo con organizaciones de campesinos afectados por el deterioro de su nivel de vida, quienes no saben -o pretenden no saberlo- que lo que ahora acontece con el manejo del agua, con el alto costo de insumos, con los bajos niveles de productividad en el agro, es consecuencia de más de tres décadas de abandono del campo, del influyentismo en favor de grandes agroempresarios y de la corrupción entre estos y los más altos funcionarios de los sucesivos gobiernos neoliberales.

Los dirigentes de esas organizaciones, antes manipuladas por una sola gran central campesina “oficial”, están siendo cooptados por personajes del viejo régimen que añoran las mieles del poder, como es el caso ahora muy comentado en Chihuahua, por las aristas que tiene para meter en problemas al Ejecutivo Nacional. Pero así como este asunto hay muchos más, pues los reaccionarios no descansan, aunque se deban ir a dormir para no sufrir las inclemencias del tiempo, como lo demostró el inefable neofascista organizador del “plantón” en la Avenida Juárez.

Nunca le harán caso a la recomendación del Presidente de que “acudan a la figura de revocación de mandato en 2022”, ni menos que “formen un bloque conservador reaccionario”. Ellos tienen prisa, saben que el tiempo está en su contra, a pesar de las contradicciones en que incurre el Mandatario, porque el pueblo no quiere regresar a un pasado muy doloroso, que sufrió en carne propia desde que en 1983 tomó el poder la camarilla tecnocrática.

Sin embargo, sí podría retirar su confianza en el presidente López Obrador de continuar incumpliendo promesas de muy alto costo político, como es el caso con la terrible reducción presupuestal a las escuelas normales del país. Es válido señalarlo, porque en el compromiso número diez de los cien que hizo al asumir su mandato, puntualizó que “el Gobierno no agraviará nunca más a maestras y maestros”. Desde luego, no puede verse sino como un agravio una reducción de 95 por ciento del presupuesto para el rubro de educación normal.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, se plantea una asignación de 20.6 millones de pesos, cuando en el presente ejercicio los recursos ascendieron a 461.4 millones. De ahí que el pleno del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Superior (Conaem), demandó se reconsidere esta propuesta. Se afectaría gravemente a 264 planteles públicos de formación docente de todo el país, que en conjunto tienen una matrícula de 96 mil alumnos, 16 mil de los cuales pertenecen a escuelas rurales.

¿Acaso uno de los objetivos del neoliberalismo no fue precisamente acabar con las escuelas normales, particularmente las rurales como la de Ayotzinapa? ¿En qué se fundamentó una decisión tan incomprensible en este momento? ¿Será que el secretario Esteban Moctezuma está intentando meter un autogol a la Cuarta Transformación (4T)? ¿De qué sirve que se estén tomando muy buenas medidas para hacer cambios estructurales de fondo, si de pronto se meten zancadillas a sí mismos quienes tienen hoy el poder?

La austeridad republicana, por muy necesaria que sea, no debe afectar a quienes han vivido en austeridad forzosa toda su vida. Mucho menos a los maestros, quienes en el pasado régimen sufrieron vejaciones sin cuento, hasta culminarlas con la mal llamada reforma educativa.

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