Por: Guillermo Fabela Quiñones

La crisis que amenazaba paralizar la Cámara de Diputados por el encono de las posiciones entre las bancadas de Morena y el PAN, se solucionó con la postura anunciada por el presidente López Obrador, de mantener la institucionalidad democrática y no asumir actitudes propias de los conservadores autoritarios. Sin duda, es lo políticamente correcto en la actual coyuntura, más aun cuando se ganó la primera magistratura con el apoyo de las clases mayoritarias.

Sin embargo, es preciso no perder de vista que la derecha, ahora como oposición, aprovechará cualquier resquicio para escurrirse como aceite en el sartén del poder, que con grandes dificultades empieza a ejercer la corriente socialdemócrata liderada por López Obrador. Al salir de un acuerdo en Palacio Nacional, el dirigente de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que el mandatario le expresó: “Lo que debemos hacer es respetar la ley, no alterarla, no hacer lo que antes hacían los adversarios, que imponían las mayorías de manera grosera, irracional; nosotros somos distintos y hay que actuar con respeto irrestricto a la Ley”.

Las cúpulas del poder económico están viendo con respeto la institucionalidad seguida por López Obrador, al grado de que sólo una minoría, representada por la Coparmex, con Gustavo de Hoyos a la cabeza, está siendo la catapulta con la que la extrema derecha quiere derribar la fortaleza que representa el político tabasqueño. La élite oligárquica ha empezado a digerir la conveniencia de contar con un Mandatario con visión de Estado y de futuro, que busca, en primerísimo lugar, condiciones de gobernabilidad para estabilizar al país.

En este momento, la alianza estratégica entre dicha élite y el Gobierno federal, es el bastión idóneo para frenar las embestidas de los ultras, así lo han entendido los principales epígonos de Carlos Slim, lo cual facilitará el camino tan cargado de abrojos que abrieron los tecnócratas durante las más de tres décadas que estuvieron al frente de las instituciones.

Sin embargo, se trata de un equilibrio precario, que podría perderse si no hay la suficiente convicción entre los dirigentes empresariales y la clase política afín a López Obrador, de que lo vital en esta hora es la gobernabilidad por encima de intereses mezquinos de una y otra parte. Particularmente de algunos empresarios sin sentido de responsabilidad social, como Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Otros, parece que han digerido ya la idoneidad de la frase que sintetiza el pensamiento ideológico de López Obrador: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Algunos pocos no han comprendido que reducir la pobreza implica correr menores riesgos de inestabilidad social y económica; mientras que la ultraizquierda sigue considerando que lo razonable es ampliar la pobreza para que los ricos vivan en carne propia lo que sufren los marginados. Lo verdaderamente razonable es fortalecer a las clases medias, para que tengan más capacidad de compra y al mismo tiempo ampliar lo más posible el mercado interno al mejorar el poder adquisitivo de los asalariados.

El futuro de México está en un sistema socialdemócrata, sin ataduras ideológicas, como el que se disfruta en los países nórdicos, a pesar de las enormes diferencias educativas y culturales, y las extraordinarias distancias históricas y geopolíticas. No hay otra solución, a pesar de la cerrazón de los ultras de uno y otro bando.

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