Por: Guillermo Fabela Quiñones

En el Presupuesto de Egresos del año 2021 se buscarán equilibrios del gasto público entre la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de políticas en beneficio de  la población con menores recursos. Así lo señaló el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al entregar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) a la Cámara de Diputados, el cual suma seis billones 295 mil millones de pesos, 188 mil millones más que el del año en curso.

Las dependencias del Ejecutivo que tendrán incrementos sustantivos serán: Secretaría de Salud, 16 mil 588 millones de pesos; Educación, 11 mil 764 millones; Bienestar, más de ocho mil 13 millones, y Marina, más de mil 919 millones. El gasto corriente ascenderá a 2.4 billones de pesos, principalmente para los sectores de salud, educación, bienestar y turismo. Se buscan tres objetivos de políticas públicas: Ampliar y fortalecer el sistema de salud, promover la reactivación económica y el empleo, y continuar reduciendo la desigualdad.

Sin embargo, en sentido contrario a tal expectativa, se aplicarán recortes al gasto federalizado en cien mil millones de pesos y de 60 mil millones en las participaciones a estados y municipios. Esto contradice lo expuesto por el presidente López Obrador en días pasados, de que la recuperación económica sostenida y excluyente, “no será viable si persisten condiciones de pobreza y desigualdad”. Es lo que ocurrirá si se mantiene la práctica de reducir los apoyos de la Federación a estados y municipios de modo indiscriminado.

Esta situación, lo ha explicado el Mandatario, obedece al imperativo de combatir el flagelo de la corrupción. El problema de fondo es que se daña a la población más pobre y acabar con este flagelo es una tarea de largo plazo, aún más en la medida que no se ponga fin a la impunidad. Lo razonable es que haya vigilancia puntual y eficiente sobre el uso de los recursos de la Federación por los gobiernos estatales. Para eso están la Secretaría de la Función Pública  (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF).

Son muchas las entidades federativas que dependen de los recursos de la Federación para mantener su economía sin riesgos de colapso. Es una realidad insoslayable que esta situación aberrante se fortaleció en la etapa neoliberal, cuando el gasto público se ejerció con fines patrimonialistas, con el auspicio del Gobierno federal. Pero en la actualidad no es así, ni debe serlo. De ahí la conveniencia de un nuevo pacto entre el Gobierno federal y los estatales, con el fin de establecer nuevas reglas convenientes a ambas partes, teniendo como eje el compromiso de cumplirlas, puntual y rigurosamente.

Si la pandemia del COVID-19 vino a mostrar “las grandes limitaciones del modelo neoliberal en el mundo”, como dijo el Presidente, entonces lo razonable es cambiar dicho modelo. Sin embargo, en los dos años que lleva al frente del régimen de la Cuarta Transformación (4T), no se observan medidas concretas que modifiquen las políticas públicas implantadas por la tecnocracia neoliberal.

Seguimos siendo uno de los países con mayor desigualdad, con niveles de pobreza mayores al 60 por ciento de la población, con una deuda externa que no por “manejable” deja de ser una carga extraordinaria para las nuevas generaciones. Como en la dictadura de Porfirio Díaz, los mexicanos no somos dueños de nuestro territorio.

Basta señalar, que de las 150 millones de hectáreas que tiene el país, 115 millones están concesionadas a empresas mineras, particularmente canadienses. Esto a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, como señaló el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, de Morena, quien informó que la bancada del partido presentará una reforma constitucional para que el litio con que cuenta México sea propiedad de la nación. ¿Es factible esperar que no haya obstáculos para su aprobación?

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