Por: Guillermo Fabela Quiñones

Como quiera que concluya el intercambio epistolar del presidente López Obrador con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el episodio será recordado como un hito en el sistema político, por la apertura pública de una confrontación que sería impensable en el pasado. El asunto trasciende a la mera división de poderes, al colocar al régimen que se autodenomina del cambio, en una posición que lo obliga a demostrar voluntad de poner freno a un pragmatismo indecoroso.

En el asunto que dio pie al cuestionamiento del Mandatario, éste lleva las de ganar, pues es del dominio público la ausencia de ética en la judicatura, al grado extremo de colocar a México como un país cuyos jueces son fácilmente corruptibles, situación que se agravó durante la conformación del modelo neoliberal, el cual abrió las puertas a empresas extranjeras con fuerte capacidad de negociación, en ramas estratégicas muy redituables cuyos beneficios no han llegado a las grandes masas de población empobrecida.

Ante los antecedentes históricos de jueces sin probidad, es justificable la petición del presidente López Obrador de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro, por la prontitud con la que concedió la suspensión provisional en amparos promovidos por dos empresas trasnacionales de energías renovables, las más favorecidas por los tres últimos mandatarios. Dejar pasar este procedimiento, sin aclarar lo que hay detrás, sería gravísimo en cuanto que se fortalecería el flagelo que más ha dañado las relaciones sociales en el país: la impunidad.

Sin temor a equivocación, se puede afirmar que en el combate efectivo a este fenómeno está el futuro no sólo del régimen de la Cuarta Transformación (4T), sino del país en su conjunto. El presidente de la SCJN y del CJF, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, lo tiene muy claro, por eso su respuesta a la misiva pública del Mandatario no deja dudas en que procederá en ese sentido. Lo debe hacer porque su prestigio está de por medio. No hay marcha atrás, o se corrige una realidad insostenible o el andamiaje de la 4T se vendrá abajo para dar paso al caos y todos los males que ello conllevaría.

En el colmo de la insensatez, en redes sociales se pretende absurdamente posicionar al juez cuestionado, Gómez Fierro, como “un héroe nacional”. Con su decisión jurídica, es válido apuntarlo, dio margen a que un procedimiento legal se ponga en entredicho, y lo peor, que las presiones de intereses extranjeros cuya voracidad es manifiesta, se magnifiquen a extremos inimaginables. Recuérdese que la Intervención Francesa comenzó por unos pasteles que no fueron pagados a un pastelero de esa nacionalidad. El ejemplo es grotesco pero válido, por la situación en que se encuentra México en este momento, después de cuatro décadas de neoliberalismo.

Este asunto tendrá que resolverse de modo que nadie dude de la probidad de la SCJN. Su prestigio tan alicaído está en juego, la oportunidad es propicia para demostrar que se acepta el reto de patentizar su independencia, no por contravenir al Ejecutivo sino por actuar como lo demanda la sociedad: demostrando voluntad ética para limpiar la mugre acumulada en décadas. Pues ese es el trasfondo de este debate: la aceptación de que no tendremos futuro como sociedad, sin un firme combate integral a la corrupción y su motor más eficaz: la impunidad.

El hecho mismo de que se quiera convertir en “héroe” a un juez que de la noche a la mañana protege intereses que se han aprovechado de su poder económico e influencia para incumplir compromisos y medrar sin escrúpulos, es motivo para dudar de su probidad. Lo razonable para la SCJN y el CJF es que se actúe con estricto apego, no sólo al Estado de derecho sino al compromiso ético que debiera ser proverbial en el Poder Judicial, pero que sigue siendo una asignatura pendiente. Es ahora o nunca, de tal magnitud es el reto que de ninguna manera se debe soslayar.

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