Por: Guillermo Fabela Quiñones

La total ausencia de sentido social de los conservadores neoliberales se sintió dramáticamente en el sector salud durante los pasados seis sexenios, problema que se fue agravando al paso de los años, como se manifestó una vez que se puso en marcha el Seguro Popular, programa que en teoría era idóneo para enfrentar los graves problemas de salud del país, pero que en la práctica sirvió para que se fueran por el caño de la corrupción cientos de miles de millones de pesos.

El tema de la atención a la salud, al igual que el de la educación, es un asunto que compete al Estado, no al partido en el poder ni a grupos de presión política o económica; mucho menos a poderes fácticos, como es el caso en la atención a la salud pública, donde la visión neoliberal se puso muy por encima de los intereses de la sociedad y del propio Gobierno en turno. De ahí la dificultad para que el nuevo régimen pueda empezar a poner orden en donde imperó por varias décadas un completo desorden administrativo, que hizo explosión en el pasado sexenio con abusos que pueden catalogarse de lesa humanidad.

El pasado martes, el presidente López Obrador puso el dedo en la llaga al afirmar: “Hay casos donde los hospitales estaban tomados por las empresas. Los directores de algunos institutos, hospitales, tenían en sus oficinas hasta sus emblemas”. Ese fue el fondo del fracaso del Seguro Popular, dejar que se convirtiera en el mecanismo fraudulento de una privatización encubierta. Fue muy lamentable, pues en teoría estaba orientado a beneficiar a la población sin posibilidad de acceso a las instituciones públicas, lo que se logró a medias pero al costo altísimo de una corrupción sin freno.

Este gravísimo problema está saliendo a flote al ponerse en marcha el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). En estos días ha tenido amplia cobertura en los medios, en algunos casos con amarillismo y sesgo político, el problema de la escasez de medicamentos para el cáncer infantil más común, al extremo de que se olvidó ya el escándalo que se produjo al conocerse la criminal corrupción del exgobernador de Veracruz, actualmente en prisión, Javier Duarte, quien proporcionaba agua destilada a los infantes enfermos para quedarse con el dinero del contrato con la empresa farmacéutica distribuidora del medicamento.

Es mucho lo que hay que corregir en materia de salud pública, de ahí el imperativo de que se sumen esfuerzos, sin colores partidistas ni móviles políticos en torno a la urgencia de solucionar uno de los más graves problemas del país. En una dictadura no habría necesidad de arduas negociaciones, pues con un decreto terminante se resolverían las discordancias. En cambio, es un hecho que el actual Mandatario está dando oportunidad al diálogo con todos los involucrados en asuntos específicos, como es el caso en este tema del Insabi como institución sustituta del Seguro Popular.

Es positivo que se dé prioridad a la negociación para llegar a soluciones consensuadas, sobre todo en un tema de tanta trascendencia social como el de la salud del pueblo. Nada se impondrá por la fuerza, como lo afirmó el Ejecutivo federal. Lo fundamental es que se logre el objetivo de hacer realidad la atención universal a la salud, y que se ponga fin a la corrupción que incide en el deterioro de las condiciones de vida de los más necesitados.

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