Por: Guillermo Fabela Quiñones

El empresario Carlos Slim Helú se refirió a la necesidad de que la rectoría económica sea ejercida por el Estado, pero que sea la iniciativa privada la que invierta en los grandes proyectos de infraestructura sin la intervención del gobierno federal. Es decir que no habría tal ejercicio de liderazgo en la economía por parte del Ejecutivo, pues en los hechos estaría con las manos maniatadas.

El llamado “Milagro Económico” de México se logró, en los años cuarenta a los setenta del siglo pasado, merced a la rectoría económica del gobierno de la República, que se ejerció con plenitud en beneficio de la sociedad en su conjunto. Así lo entendieron los barones del dinero porque sabían que se beneficiaban también ellos. En la actualidad, después de más de tres décadas de una política económica favorable a la acumulación de capital cada vez más excluyente, la rectoría del Estado en la economía debe ser recuperada  y el único camino es con inversiones públicas.

También hizo fuertes críticas a lo que considera  falta de capacidad de los gobiernos, como el de México, para armonizar políticas públicas con el sector privado. Esto lo matizó diciendo que falla la estrategia de comunicación gubernamental, en tanto que se dispersa la información sin que la ciudadanía logre entender a cabalidad los ejes básicos de las grandes políticas públicas del Estado.

Puede afirmarse que no hay discrepancias de fondo entre lo que dice el magnate y el modo de ejercer la política económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay condiciones concretas para ejercer la rectoría económica como en la etapa antedicha, porque prácticamente el Estado perdió su liderazgo económico. Este se podrá recuperar en la medida que siga adelante, con firmeza, el plan de impulsar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como pivotes del crecimiento.

Slim sabe que así tiene que ser porque conviene al sector privado que se reproduzca el mercado interno sobre bases productivas, y el que puede hacerlo es el sector público, siempre y cuando se ponga fin a la gran corrupción de los últimos seis sexenios y se apuntale la comunicación con la sociedad en su conjunto, para que se concrete una sinergia positiva y no haya margen a la desinformación. De ahí el imperativo de que la administración pública camine con eficiencia, transparencia y confiabilidad, para seguir contando con el apoyo colectivo y el de la comunidad internacional.

En esto estriba que caminen de la mano sector público y sector privado, bajo el entendido de que cada uno cumple un papel fundamental para que el país avance sin tropiezos. La rectoría económica debe ser asumida por el Estado, porque es lo correcto en esta fase de arreglos institucionales impostergables, como el reordenamiento del aparato burocrático y el imperativo de que se ponga fin a la corrupción.

Asimismo, es razonable la necesidad de que la información del gobierno cumpla su finalidad pública de no dejar vacíos informativos que se puedan llenar con desinformación y mentiras. En pocos días se cumplen seis meses del cambio de fuerzas políticas, mucho se ha hecho sin duda en favor de la sociedad. Esto no se ha podido valorar lo suficiente por la dispersión informativa y la propaganda insidiosa de la derecha.