Por: Guillermo Fabela Quiñones

Los conservadores, disfrazados de progresistas y militantes de la Cuarta Transformación (4T), nos quieren hacer creer que es un avance que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobaran la consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes del periodo neoliberal. Sin embargo, lo entrampa más de lo que ya está, pues no tendrá el efecto esperado. Esto era previsible a partir de que el presidente López Obrador hiciera lo que Poncio Pilato.

Los ministros lo secundaron en cuanto se refiere al juicio prometido, en consecuencia la impunidad seguirá cubriendo la figura de los mandatarios que condujeron a los mexicanos al infierno en que seguimos viviendo. Así, de poco sirve que se haya dado un paso en la construcción de la democracia participativa, si en la realidad el pueblo sigue sin la cobertura de una verdadera justicia que lo ponga a salvo de los abusos del poder.

Lo burdo y lamentable del asunto es que se hayan dado falsas expectativas a la ciudadanía, de que al fin los expresidentes que tanto daño hicieron al país pudieran ser llamados a cuentas. No sucederá así, cuando menos en este sexenio, como se infiere por el texto de la pregunta finalmente aprobada por los magistrados. Se aclara que aunque el resultado de la encuesta sea un SI contundente, en nada cambiará la situación jurídica de los exmandatarios, pues “no es vinculante” en materia procesal.

Llama la atención el afán del Mandatario de crearse problemas innecesarios, que si bien cumplen una función distractora por otro lado tienen muy altos costos políticos; si no ahora, sí a mediano y largo plazos porque las expectativas de la población se verán cada vez más frustradas. Viene a cuento un dicho popular muy usado en el viejo régimen: “dar al pueblo atole con el dedo”, el cual finalmente quedó en desuso porque se desgastó esa práctica demagógica.

En el periodo neoliberal, lo que operó en el quehacer político de la casta en el poder, fue el cinismo mondo y lirondo. Para nada necesitó ofrecer al pueblo “atole con el dedo”. Fue tal su cinismo que se promulgó en 2014 la Ley de Consulta Popular, la cual fue estrenada con una propuesta de Morena, entonces presidido por el actual jefe del Ejecutivo federal, para echar abajo el Pacto por México, con énfasis en la reforma energética. Curiosamente, la magistrada que presentó la ponencia en contra, fue Olga Sánchez Cordero, actual titular de la Secretaría de Gobernación. ¡Para Ripley!

No se le encuentra sentido al hecho de complicarse la vida con tantos recovecos leguleyos. A final de cuentas quienes se favorecen con ello son los enemigos de la Cuarta Transformación. Entre los principios que constantemente trae a colación el mandatario está el de no mentir al pueblo. Lo ha estado haciendo de modo absurdo, pues hablar con la verdad sería comprensible y se ganaría más apoyo de las clases mayoritarias. Así lo han hecho los grandes estadistas de la historia, sobre todo en momentos críticos.

Lo conducente, desde un punto de vista ético y político, es parar el intrincado camino para realizar una “consulta” que no hace falta y cuyo costo en pesos es un despilfarro. El cumplimiento de la Ley es un mandato constitucional, especificado para este caso en el artículo 123 del Código Penal federal. ¿Acaso el Presidente teme que seguir adelante con el cambio verdadero lleve a su gobierno al fracaso? ¿Considera que lo razonable es continuar la lucha contra la corrupción pero sin arrancar sus raíces? ¿Supone que el pueblo lo abandonaría si le hablara con la verdad?

Lo que México demanda en este momento es un estadista, no un líder social. Aún es tiempo de revertir una estrategia que no es idónea para consumar las transformaciones que requiere un país tan humillado y ofendido por una élite oligárquica mezquina y deshumanizada. Sólo con el apoyo del pueblo podrá enfrentarla con éxito, y para no perderlo sólo hay un camino: Respetarlo y hablarle con la verdad.

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