Por: Guillermo Fabela Quiñones

La matanza en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, está inscrita en la estrategia desestabilizadora que pusieron en marcha, desde el inicio del Gobierno de la «Cuarta Transformación», las fuerzas de la derecha con el contubernio de la clase política más reaccionaria y perversa. La forma en que fue cometido el crimen, que sigue cobrando vidas cada día que transcurren hospitalizados los heridos, deja ver la búsqueda de un impacto internacional que desacredite al presidente López Obrador.

Lo que buscan es que se genere la convicción de que no es capaz de frenar la violencia, sino que va en aumento, a pesar de que ya está en funciones la Guardia Nacional. No es casual que en los últimos meses han sido incendiados con bombas molotov cinco establecimientos en la mencionada población veracruzana, con el mismo modus operandi: Llegan sujetos con bidones de gasolina, la rocían en diferentes sitios y lanzan las bombas incendiarias.

El mandatario reconoció que detrás del criminal atentado al bar está la delincuencia organizada, pero que también “existe contubernio con autoridades. Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia, porque si no, no avanzamos”. Pidió lo que toda la sociedad veracruzana ha pedido: Investigar a fondo al fiscal estatal, Jorge Winkler, persona cercana al exgobernador Miguel Ángel Yúnez.

Lo que está ocurriendo en el fondo del entramado político nacional es el estrechamiento de campos minados en los espacios que ha ocupado la derecha y los que está abriendo el nuevo régimen. Esta situación conflictiva se complica por el imperativo de López Obrador de no caer en provocaciones y el denodado interés de sus adversarios y enemigos de forzarlo a dar pasos en falso que lo comprometan. Ni que decir tiene que tal situación es insostenible de manera indefinida.

La Guardia Nacional deberá, más temprano que tarde, poner en marcha un plan táctico y estratégico que permita aplacar las embestidas del crimen organizado, apoyadas por la derecha como quedó de manifiesto en pasadas administraciones. No se trata de lanzar una “guerra” al estilo de la que inició absurdamente Felipe Calderón, sino de aislar a los cárteles y nulificar sus ofensivas, mientras que por otro lado la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública hacen una labor conjunta que facilite el trabajo preventivo de la Guardia Nacional.

El combate a la impunidad debe ser tan efectivo como el que se está llevando a cabo en renglones importantes de la corrupción, a partir de su incidencia en la marcha de las instituciones. Con todo, es preciso dejar bien claro que por más buena voluntad y empeño que ponga el Ejecutivo en reducir los niveles de violencia e inseguridad, poco se podrá lograr a final de cuentas si el aparato político gobernante no cierra filas con el mandatario.

Es muy evidente que la dirigencia del partido en el Gobierno, no se ha dado cuenta cabal de que aún no tiene la hegemonía necesaria para enfrentar a sus enemigos, sin necesidad de usar la fuerza de que dispone. Si no actúa con la visión requerida se perderá la oportunidad de afianzar el poder real del Estado, como en sus buenos tiempos hizo el PRI. Por lo pronto, López Obrador ya advirtió que si Morena “se echara a perder”, renunciaría al partido que fundó y exigiría que cambiara de nombre.

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